Por Marcelo Zlotogwiazda

Bretton Woods es un pequeño pueblo montañoso en New Hampshire, Estados Unidos, donde hace exactamente sesenta años los delegados de 44 naciones fundaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bretton Woods Project es una red creada hace no mucho por un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) inglesas que ya nuclea a más de 7000 socios en todo el mundo con un perfil muy crítico hacia aquellas dos instituciones y que tiene como objetivo básico presionar para que funcionen más a favor y no en contra del desarrollo y el progreso de todos sus miembros, en especial de los más débiles. Y Bretton Woods Update (Actualidad de Bretton Woods) es la revista que el proyecto mencionado publica cada dos meses. En su último número, la revista abre con un artículo titulado “Lazos que unen: ¿posibles cambios en la condicionalidad?”, que comienza señalando que “sobre la base de una opinión extendida respecto a los efectos negativos de la condicionalidad, el Banco Mundial y el FMI están revisando sus actitudes acerca de ese mecanismo”. Como el término lo indica, la condicionalidad es el mecanismo contemplado en los estatutos por el cual ambos organismos supeditan la concesión de préstamos a la aplicación de determinadas políticas macroeconómicas que se materializan en el cumplimiento obligado de metas fiscales y/o se traducen en compromisos de realizar reformas de carácter estructural. La revisión de ese mecanismo por parte del Banco Mundial fue tema de un seminario que la institución que preside James Wolfensohn realizó en París justamente anteayer y del cual aún no se difundió nada.
Sin desentenderse de la crisis y del proceso que sacude al FMI y al BM luego de sus estrepitosos fracasos a lo largo y ancho del mundo, algunos miembros de Bretton Woods Project van más allá de la revisión en marcha, y directamente cuestionan la esencia de la condicionalidad, llegando a veces a conclusiones extremas. Es el ejemplo de la ONG Action Aid, para quien el uso de ese mecanismo es “injusto, inefectivo y antidemocrático”. Algo parecido sostiene otra ONG denominada Reality of Aid al afirmar que “la imposición de condiciones resulta incompatible con la gobernabilidad democrática”.
Volviendo al proceso de revisión en marcha dentro de los propios organismos, aún los no radicalizados son escépticos. En el artículo citado se dice que “las principales líneas de acción muestran la limitada naturaleza de la reconsideración de la condicionalidad. Mientras los documentos del FMI y del Banco Mundial sugieren un compromiso con la reducción de la carga que implican los condicionamientos de los préstamos, la evidencia práctica revela avances muy limitados”.
La evidencia más próxima en espacio y tiempo es el caso argentino. El martes pasado el Banco Mundial aprobó dos créditos por 700 millones de dólares atados a un amplio abanico de condicionamientos. En particular, el préstamo por 500 millones de Reforma Estructural en Apoyo a la Recuperación Económica tiene como contrapartida expresa la compensación a los bancos por la pesificación asimétrica, la resolución de disputas relativas a contratos entre el Estado y compañías privadas, el arribo a acuerdos integrales con las empresas de servicios públicos privatizadas junto al establecimiento de marcos regulatorios viables y reglas claras y previsibles para la fijación de tarifas; en el comunicado distribuido en Washington se menciona elípticamente el interés en que el sector público no avance en el campo productivo al señalar que se requiere que “el sector privado retenga las decisiones de inversión”. Por si esto fuera poco, el dinero será desembolsado siempre y cuando el FMI apruebe las metas del acuerdo en vigencia, lo que supone cumplir otra serie de condicionamientos o, en caso contrario, la presentación y aceptación de los correspondientes waivers o dispensas. Esta vez el apriete del Banco Mundial no pasó por alto el tema más sensible en discusión: la renegociación de la deuda en default. De manera explícita se exige “renovar contactos con los acreedores en términos mutuamente aceptables”. No debería llamar la atención que el BM se inmiscuya ahora en asuntos que usualmente tocaba de refilón como el de la deuda. En primer lugar debido a que no siempre hay una negociación de la envergadura que tiene la actual. Pero más que eso hay que tener en cuenta que en el BM se vota con igual reparto de poder que en el FMI (o sea deciden las potencias), y que a la hora de condicionar en un tema tan sensible y determinante se aprovecha toda herramienta y espacio posible.
Las presiones de los acreedores defaulteados sobre sus respectivos gobiernos son acordes al dinero que está en juego. Y la posición de los representantes de esos gobiernos en los directorios del FM y del BM son el reflejo de esas presiones. No importa que esas instituciones (sumado el BID) que quedaron al margen del default hayan cobrado de la Argentina en los últimos dos años y medio un neto de casi 7500 millones de dólares.