Argentina, el FMI y la crisis de la deuda se titula el documento que Roberto Lavagna difundió hace un par de semanas cuando anunció unilateralmente la postergación hasta fin de año de la tercera revisión del acuerdo en vigencia con esa institución, modificando la estrategia de negociación que llevaba hasta ese momento. En ese trabajo (accesible en el sitio de Internet del Ministerio de Economía) se afirma que “resulta altamente cuestionable que el FMI imponga condicionalidades estructurales en sus programas”, y agrega que “el consenso general es que debería concentrarse en objetivos macroeconómicos... e inmiscuirse lo menos posible en las decisiones de política interna”. Es en su conjunto un paper jugosísimo y escrito en un tono inusualmente poco diplomático, pero en algún punto peca de ingenuidad, si es que realmente el ministro alberga la esperanza de que el FMI se reconvierta en el organismo multilateral dedicado exclusivamente a financiar desequilibrios fiscales, monetarios o cambiarios de sus socios, que fue lo que imaginó el grupo que lo fundó hace exactamente sesenta años, con John Maynard Keynes entre ellos como representante del gobierno inglés. Hace mucho que el FMI es bastante más que eso, y lo seguirá siendo mientras las potencias que lo dominan lo consideren conveniente.
Basta con observar cualquiera de los últimos acuerdos para verificar la presencia de las condicionalidades estructurales de las que habla Lavagna, como por ejemplo la obligación de renegociar los contratos con las empresas privatizadas, que sólo muy indirectamente es algo que tenga que ver con los objetivos macroeconómicos que señalaba el ministro en el documento citado.
Una prueba contundente de que todo esto no es nuevo sino que hace mucho que el Fondo se inmiscuye en la política interna, imponiendo condiciones estructurales, surge de la investigación que acaban de publicar tres economistas del propio staff del FMI. El trabajo de Nancy Brune, Geoffrey Garrett y Bruce Kogut se titula El FMI y la propagación global de las privatizaciones, y plantea como “resultado central que cuanto más los países debían al FMI en 1985 mayor fue el ingreso por venta de activos estatales”.
Los autores analizaron estadísticamente las 8 mil operaciones de privatización por un monto total de 1,1 trillón de dólares que se realizaron en el mundo no comunista en las dos últimas décadas del siglo pasado, y correlacionaron lo que se hizo en cada país con su respectivo endeudamiento inicial con el FMI. Así hallaron que “los programas del FMI han atraído capital para el específico propósito de comprar empresas que se privatizaban”. En otras palabras, que el Fondo impuso las privatizaciones como condicionalidad estructural de sus programas. Señalan que particularmente “el impacto de los préstamos del FMI sobre los ingresos por privatizaciones fue un fenómeno de la década del ‘90, cuando la condicionalidad del FMI con respecto a las privatizaciones se intensificó”.
Contra lo que muchos suponen, las privatizaciones argentinas no constituyen un caso excepcional: medido por montos absolutos (230 transacciones por un total de 43 mil millones de dólares en la Argentina), hubo países que privatizaron mucho más. Y lo mismo se encuentra al comparar los ingresos por privatizaciones como proporción a los respectivos PIB: la Argentina (22,1 por ciento) es superada por Bolivia (37,6), Guyana (36,5), Portugal (32,7), Hungría (31,6), Panamá (30,7), Malasia (28,2), Nueva Zelanda (27,0), Chile (25,3) y Australia (25,2).
Sin embargo, la Argentina sí fue un caso destacado en varios sentidos: porque privatizó en condiciones extremadamente ventajosas para los adquirentes, porque el proceso estuvo muy teñido de corrupción y porque privatizó prácticamente todo lo que había disponible. Esto último se engancha con una discusión de absoluta actualidad alrededor del porcentaje de superávit primario destinado a pagar deuda externa, que el Fondo pretende que la Argentina eleve hasta los niveles que comprometieron Brasil o Turquía. En el mencionado documento de Economía, el propio Lavagna argumenta: “Debido al programa de privatizaciones implementado en la Argentina en los años ‘90, ya no quedan empresas públicas, y por lo tanto no existen fuentes que generen recursos fiscales adicionales. Brasil y Turquía sí tienen empresas públicas y en ambos casos estas empresas han contribuido significativamente a engrosar el superávit fiscal primario. A modo de ejemplo, en el 2003 el superávit de las empresas estatales representó en Brasil el 0,9 por ciento de su PBI, y en Turquía el 1,2 por ciento”.
Podría agregarse que, en el caso de Brasil, una de las fuentes de esos excedentes es la rentabilidad que Petrobras obtiene de su negocio en la Argentina, donde desembarcó fuerte comprando Pérez Companc, es decir quedándose con una porción del negocio petrolero que aquí se privatizó por completo.