Así como en los años 70 la juventud peronista de izquierda cantaba al ritmo del uruguayo Daniel Viglietti “A desalambrar, a desalambrar...”, el grito de barricada de muchos de ellos es hoy “A desendeudar, a desendeudar...”; con el presidente Néstor Kirchner a la cabeza, que ha convertido la decisión de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en una de las principales banderas de campaña, agitada como si fuera una audaz rebeldía. Es obvio que nadie desde Washington se le ha quejado. Todo lo contrario, mantienen al respecto un satisfactorio silencio. Eso sí, seguramente no les caería nada bien que algún ministro saliera a anunciar un Hospital de Niños en el Sheraton Hotel.

El Gobierno defiende la aparente paradoja de presentar como progresista el desendeudamiento, argumentando que es el precio que hay que pagar para evitar los condicionamientos recesivos e inaceptables que el FMI impondría para refinanciar los vencimientos y dispersar en el tiempo el peso de esa deuda, que sería a todas luces lo que más convendría a las finanzas de un Estado y a la economía de un país que se han recuperado notablemente pero que arrastran tremendas necesidades mucho más prioritarias que cancelar la deuda con el Fondo.

Lo incomprensible es que el Gobierno haya asumido esa postura sin siquiera haber intentado una negociación, y más aún teniendo en cuenta que el ministro Roberto Lavagna ha sabido en su momento tensar la cuerda al límite para obtener un acuerdo que él mismo consideraba razonable. Entre los que han salido a criticar la política de desendeudamiento unilateral y sumisa, sobresalen la mayoría de los economistas del Plan Fénix, que días atrás aprovecharon la celebración del segundo aniversario de la creación del nucleamiento para actualizar posiciones en multitudinarias jornadas de trabajo e intercambio académico. El cordobés Salvador Treber resumió el consenso sobre el tema de la siguiente manera: “Con respecto a las eventuales negociaciones con el FMI se sugiere actuar con firmeza para lograr renovaciones parciales no condicionadas, y procurar nuevos plazos para reducir la deuda”. Agregó en un artículo publicado en un diario de su provincia que “en última instancia, se podría apelar a la interrupción de los pagos” como herramienta de negociación. Algo que, vale repetir, Lavagna ha ejercitado con éxito pero parece no dispuesto a reincidir.

Además de no haber ni siquiera intentado una negociación antes de cancelar alegre y orgullosamente la deuda con el Fondo, es de notar que en varios de los aspectos que habitualmente conforman el menú de condicionalidades que impone el organismo, el Gobierno está obteniendo resultados mucho más ortodoxos que lo que se le exigiría. Por empezar, claro está, el nivel de superávit fiscal, que al ritmo que va cerrará el año en un 50 por ciento más que lo que pretendería el FMI.

En un contexto de reconocimiento a la fuerte recuperación económica, a la negociación de la deuda en default, y a la mejora en algunos indicadores sociales como la desocupación, entre otros logros, las conclusiones de los economistas del Plan Fénix incluyeron varias objeciones a la política económica de Kirchner y Lavagna, aparte del alardeado desendeudamiento.

En materia de distribución del ingreso se insta a “acrecentar en medida considerable la capacidad adquisitiva de amplias franjas de la población que hoy permanecen sometidas a múltiples y vitales carencias”. Surge de inmediato el contraste con la declaración del Presidente del miércoles pasado que puso freno a los reclamos diciendo que “no se puede tirar de la cuerda más de lo que la cuerda da”. Pero sí se podría, por ejemplo, comenzar de una vez por todas con “una reforma impositiva integral que ajuste la base imponible y eleve las alícuotas máximas del impuesto a la renta, que incluya como sujetas al gravamen las ganancias de capital y las rentas financieras hoy exentas, y que reduzca los impuestos que recaensobre los consumos masivos que afectan la canasta familiar básica”, propone Treber haciéndose eco de las conclusiones del evento.

Para terminar, refiriéndose a los temas que no suelen concitar atención en los medios y en los debates públicos, se señaló que “fue unánime la preocupación por la carencia oficial en materia de planes orgánicos de mediano y largo plazo, y por la inexplicable animadversión sistémica por parte de la conducción económica, que toma medidas improvisadas y, frecuentemente, como reacción a problemas que pudieron ser previstos”.

No es el caso del convenio que acaba de firmar el INTI en representación del Gobierno con la Unión Europea para financiar un proyecto de mejora de la competitividad de las pymes, donde teniendo en cuenta el potencial de inserción internacional se seleccionaron como sectores a beneficiar a las telecomunicaciones, la microelectrónica, el software, la madera, la tipificación de quesos y miel, las rocas de aplicación y los minerales no metalíferos. Un contraejemplo criterioso a destacar.