Tal vez con una pizca de exageración el secretario general de la CGT Hugo Moyano dijo el martes pasado en unas jornadas convocadas por la Superintendencia de Salud que el sistema de AFJP “es una de las mayores estafas que se hizo al pueblo argentino”. Los propagandistas de su creación prometían que las cuentas individuales promoverían el pago puntual de los aportes por el propio reclamo de los afiliados: resultó que sobre una población económicamente activa de 15 millones, los aportantes al sistema privado son apenas 4,4 millones, a los que se podría sumar un millón más entre afiliados al sistema público de reparto y monotributistas que pagan. Es decir que millones de personas en edad activa llegarán a mayores sin derecho a jubilación o a lo sumo con una retribución mísera. También aseguraban que la privatización iba a sanear definitivamente las cuentas fiscales en el área previsional: lo cierto fue que el desvío de fondos abrió un agujero inmenso que se tapó con endeudamiento explosivo, que para colmo fue en parte contraído con las propias AFJP en forma obviamente onerosa. En otras palabras, lo que el Estado resignó y sigue resignando gratis lo recupera pagando. Para colmo la rentabilidad de los fondos está lejos de ser satisfactoria para los clientes, por la simple razón de que un tercio del aporte personal no llega a la cuenta personal porque se va en comisiones y seguros que contribuyen a la rentabilidad de los bancos dueños de las AFJP y de las compañías aseguradoras. Los últimos balances disponibles muestran una ganancia neta conjunta anual de 141 millones de pesos, que se vio extraordinariamente afectada por 20 millones de pérdidas contables asociadas a la venta de Siembra.

El kirchnerismo en campaña había prometido modificar el sistema, pero al igual que la Alianza en su turno, olvidó la plataforma y ya lleva más de tres años de mandato sin haber cambiado nada y frenando con la fuerza de su mayoría todos los proyectos legislativos. Y ahora ante la muy tibia propuesta de Moyano, que apenas si pretende reabrir la posibilidad de que los afiliados a las AFJP puedan volver al sistema de reparto, sale a responder por boca del ministro Carlos Tomada diciendo que “la opinión de Moyano es una posición a atender, pero que la necesidad sea la eliminación de las AFJP parece una decisión muy de fondo que en todo caso requerirá otro tipo de consideraciones que hoy no están en nuestro ánimo”. A juzgar por los hechos el ánimo del Gobierno es mantener el statu quo tal como quedó indirectamente acordado como prenda de cambio para que las AFJP aceptaran el canje de deuda con quita.

En contraste con la Argentina, en Chile sí hay ánimo, y por sobre todo lo que importa, que es voluntad política, para cambiar el sistema, que dista mucho de ser ejemplar como lo ensalzan aquí los apologistas de la privatización previsional. Por ejemplo, con el sistema creado por el pinochetismo en 1980 la mitad de los afiliados obtendrá al final de su vida laboral apenas una pensión asistencial bastante menor a los 100 dólares debido a los serios problemas de cobertura y al alto costo del sistema. Michelle Bachelet prometió en campaña modificar el régimen, pero a diferencia del patagónico ella sí viene avanzando en el sentido señalado. No bien asumió convocó a quince expertos a los que les encomendó la elaboración de un proyecto de reforma. Lo que se conoce como Comisión Marcel, porque está presidida por un ex funcionario del gobierno de Ricardo Lagos llamado Mario Marcel, hace poco más de un mes entregó sus recomendaciones, entre las que se destacan la elevación en cinco años de la edad de jubilación de la mujer, el establecimiento de una pensión básica universal, y medidas tendientes a incrementar la competencia en un mercado muy oligopólico y por ende excesivamente rentable. La propuesta despertó fuertes controversias e incluso críticas indicando que son en favor de las Administradoras. Pero lo que está fuera de discusión es que el sistema chileno no es la panacea que aquí algunos tergiversan, y que al menos allí el problema es asumido y está sometido a debate por parte del propio gobierno.

En la Argentina la situación fiscal luce muy holgada. En los primeros siete meses del año el superávit primario está un 20 por ciento por arriba de lo presupuestado para ese lapso y superó en un 9,4 por ciento al de igual período de 2005, por la obvia razón de que los ingresos crecieron más que los gastos (22,5 y 21,6, respectivamente). Pero proyectada esa fotografía hacia adelante, es inevitable advertir que en algún capítulo de la película el Estado va a tener que hacerse cargo de miles de millones de pesos para asistir a mayores con poca o ninguna cobertura. Como lo tendrá que hacer el año que viene con la actualización de haberes ordenada por la Corte Suprema. Y aunque suene a perogrullada tratándose de asuntos previsionales, cabe recordar que más vale prevenir que curar.