Los más encumbrados responsables de la confección del Presupuesto 2007 subrayan que nunca antes se asignó tanto dinero a salud, educación, gasto social y obra pública, sin que ello implique erosionar el abultado superávit fiscal que junto con el mantenimiento de un dólar alto se han convertido en pilares clave de la política económica. Pero hasta en esas altas esferas reconocen que hay asignaturas pendientes, como algunas que en temas impositivos les recriminó con insistencia el diputado por la CTA Claudio Lozano. El economista de la centroizquierda calcula que en el Presupuesto “se pierden 1685 millones de pesos por exenciones de ganancias sobre intereses de títulos públicos (984 millones), sobre intereses de depósitos en entidades financieras y obligaciones negociables (577 millones) y sobre los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales Nacional y Provinciales (124 millones)”. Lozano agregó en la discusión planteada tanto en la Comisión correspondiente como en el recinto que “esta cifra de pérdida es parcial y de mínima ya que desconocemos por ejemplo lo que se pierde por las exenciones vigentes a las ganancias obtenidas por personas físicas residentes en el país y beneficiarios del exterior, proveniente de la compraventa de acciones y demás”.

Sin dejar de admitir la razonabilidad de cada uno de los puntos anteriores, a lo que primero que le han puesto el ojo es al último de los señalados. Cuentan que lo que los decidió finalmente a trabajar sobre el asunto fue la reciente operación de venta del diario El Cronista por parte de los españoles Recoletos (controlado por el grupo inglés Pearson) al empresario y diputado lavagnista Francisco “Colorado” De Narváez. Los españoles le habían comprado el diario color salmón a Eduardo Eurnekian seis años atrás en 17,5 millones de pesos, y ahora se lo sacaron de encima a un precio llamativamente redituable de 7 millones de euros, es decir 28 millones de pesos. “Es inadmisible que por la ganancia de capital obtenida acá no paguen un peso, y que en España esa diferencia esté gravada fuertemente”, explicó un funcionario que siguió el tema. “Para peor, si aquí pagaran, eso lo podrían descontar en España; es decir que mientras a la empresa le resulta indiferente, nosotros le estamos regalando dinero al fisco español”. En buena hora que se hayan despertado ante un viejo y evidente absurdo, tarea a la que contribuyó el alerta de la diputada Mercedes Marcó del Pont. Más vale tarde que nunca. Aunque apena repasar todo lo que se perdió de recaudar por las ventas de Quilmes a Brahma, de Pérez Companc a Petrobras y de Loma Negra a Camargo Correa, por citar algunos de los recientes casos de alta dimensión.

Marcó del Pont, junto con especialistas de Economía y de la AFIP, también se ha puesto a analizar cambios tributarios que graven con mayor severidad la remisión de utilidades al exterior por parte de multinacionales, con el claro objetivo de alentar la reinversión local. Así como la operación Colorado-Salmón fue la que azuzó las inquietudes por la desgravación de las ganancias de capital, en este caso el factor irritante es el exorbitante nivel de ganancias que en particular han venido girando Repsol y Telefónica a sus matrices en España. En cuanto a terminar con la desgravación a la renta financiera de títulos y depósitos bancarios, hay algunas voces importantes a favor pero sigue dominando el temor al riesgo que desde la city se agita respecto de un eventual impacto negativo sobre el ahorro.

Por el momento, la tarea de analizar cambios cuenta con vía libre desde la Casa Rosada y es de esperar que no se repita lo de principios de año, cuando apenas trascendió la iniciativa de la entonces flamante ministra Felisa Miceli de abocarse al tema impositivo, el Presidente ordenó la inmediata desactivación de lo que en ese momento fue el primer atisbo de reacomodar el rumbo que venía de arrastre de la gestión de Roberto Lavagna.

A propósito de Lavagna y la temática impositiva, llama como mínimo la atención que en la “Propuesta a los Argentinos” que el jueves pasado lanzó como plataforma de su precandidatura a Presidente figure como una de las definiciones sociales y económicas estratégicas “una política de impuestos que se base más en gravar la ganancia distribuida y las ganancias de capital, que en el impuesto al valor agregado o en los impuestos al trabajo, que dificultan la creación de nuevos y mejores empleos en blanco para los más humildes”. No es el mismo Lavagna que como ministro se empecinó en descartar la aplicación de lo que ahora ofrece. Igual que Kirchner.