Hace una semana que en Uruguay entró en vigencia la reforma tributaria anunciada meses atrás y que había sido uno de los ejes de la campaña presidencial de Tabaré Vázquez. Los elementos centrales son el nuevo impuesto a la renta de las empresas con una tasa general del 25 por ciento, otro a la renta de las personas físicas con alícuota progresiva que llega al 25 por ciento para la franja de ingresos más altos, una rebaja de 4 puntos en los impuestos al consumo y la eliminación de quince tributos que simplifican el sistema.

Según lo anunciado, la reforma no tiene como objetivo aumentar la recaudación. Por el contrario, las estimaciones oficiales prevén una pérdida equivalente a algo más de medio punto porcentual del Producto Bruto. Lo que el gobierno dice perseguir es mayor equidad, mayor eficiencia y estímulo a la inversión productiva. Lo primero se lograría básicamente a través de la disminución de la alícuota general del IVA de 23 al 22 (con el propósito explícito de llevarla al 20 por ciento) y de la alícuota mínima que se aplica a artículos de primera necesidad del 14 al 10 por ciento; a lo que se agrega la eliminación de un impuesto llamado Cofis que gravaba con 3 puntos al consumo.

Para el gobierno estas rebajas “atenúan las consecuencias regresivas de los impuestos indirectos”, y lo fundamentan con datos que muestran que mientras el 20 por ciento de la población de mayores recursos paga IVA por un consumo equivalente al 65 por ciento de sus ingresos, del cual sólo un sexto está gravado a tasa mínima, para el 20 por ciento más pobre el IVA alcanza a un consumo equivalente al 80 por ciento de su ingreso, del cual poco más de un tercio está gravado a la tasa mínima. Por ende, la rebaja de un punto en la alícuota general y de 4 puntos en la alícuota para bienes de primera necesidad beneficia proporcionalmente más a las franjas inferiores de la pirámide. La recaudación que el gobierno va a resignar por estas rebajas de impuestos al consumo representan casi un punto del PBI (la mitad corresponde a la disminución de la alícuota mínima, es decir la más relevante para los pobres).

Pero para que el razonamiento anterior se confirme en los hechos se requiere que la rebaja de impuestos se traslade a los precios. En ese sentido, la experiencia de Uruguay es un caso piloto para poner a prueba los argumentos que Felisa Miceli (como Roberto Lavagna en su momento) esgrime para desestimar la rebaja del IVA: duda del efectivo traslado a precios pero también por la distribución del beneficio entre clases sociales.

Todavía es prematuro sacar conclusiones sobre ese punto a partir de la experiencia uruguaya. Las crónicas reflejan que algunos perciben en esta primera semana una leve caída de precios, pero otros no. Los expertos esperan las mediciones para emitir opinión. Lo único seguro por ahora son las rebajas en tarifas públicas. Habrá que tener en cuenta que la reforma se puso en marcha en un contexto macroeconómico de presión inflacionaria que está impulsada por aumento de costos y por una sostenida demanda.

Además de lo que enseñará sobre la efectividad de rebajar impuestos al consumo, el caso uruguayo ya dejó dos lecciones que cualquiera que encare una reforma compleja debe tener muy en cuenta. La primera es la importancia de la campaña informativa, que en el vecino país fue deficiente y generó más confusión que claridad, incluso sobre los aspectos técnicos más elementales.

La segunda lección, que se articula con la anterior, es sobre la necesidad de prever la reacción de los sectores afectados por la reforma. Pese a que el gobierno asegura que una enorme mayoría de la población activa y de los jubilados no van quedar alcanzados por el nuevo impuesto a la renta a las personas físicas, las quejas contra este tributo se hicieron escuchar bastante debido a la influencia de las clases más altas sobre los formadores de opinión.

Tal como informó hace un tiempo este diario, el gobierno de Néstor Kirchner descartó impulsar una reforma tributaria en lo que resta de su mandato, dejando incumplida una de las tareas que comprometió. Si como todo parece indicar ahora el próximo gobierno será presidido por su mujer, en este aspecto no hay ningún cambio que “profundizar”, para usar el verbo que repiten a coro en el oficialismo. Es un cambio que en todo caso Cristina Fernández deberá emprender desde cero y, si se decide, la experiencia charrúa será útil como antecedente por sus aciertos y errores que para entonces serán más evidentes.

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