El ciclo de crecimiento económico que se inició en 2003 generó un fuerte aumento en el nivel de empleo y una importante recuperación en el salario real, y todo parece indicar que la expansión productiva se va a mantener por bastante tiempo más, y con ella la tendencia hacia una mayor ocupación. Sin embargo, nada garantiza que el poder adquisitivo de los asalariados mantenga igual recorrido, e incluso cabe preguntarse si el proceso de recomposición no se ha interrumpido ya, o está próximo a ello.

Los datos que difundió el Indec días atrás muestran que en los primeros siete meses del año el salario nominal subió un 11,8 por ciento, como promedio del 10,8 de los trabajadores en blanco, del 12,1 de los no registrados y del 13,9 por ciento de los estatales. Tomando en cuenta la inflación oficial del 4,4 para ese período, esas alzas nominales arrojan considerables aumentos reales.

El problema se origina en que esa no ha sido la verdadera inflación. Hay consenso de que fue mucho más alta, pero a falta del Indec no existe ninguna medición alternativa en la que confiar. Por ende resulta imposible determinar cómo evolucionó el salario real en lo que va del 2007.

No es descabellado plantear como hipótesis que con el correr del año la recuperación del poder adquisitivo se frene por completo o se desacelere al mínimo. Cabe recordar que los alrededor de 400 acuerdos colectivos que se firmaron en el primer semestre del año se negociaron en base a una pauta oficial del 16,5 por ciento que se construyó sobre una expectativa de inflación que va a ser ampliamente sobrepasada.

Como viento a favor para lo que resta del año, hay que apuntar que el relevamiento salarial hasta julio no captó el efecto del aumento en el salario mínimo escalonado a partir de agosto hasta llegar a 980 pesos en diciembre, tampoco la reciente rebaja en el impuesto a las Ganancias para los sueldos medios y altos, ni los ajustes en algunas asignaciones familiares. Pero en contra de lo anterior soplan variados indicios de que la remarcación de precios se ha acelerado desde el mes pasado.

En resumen, la hipótesis de que en el año la canasta de consumo se encarezca casi o tanto como los incrementos nominales de salarios merece ser evaluada.

Si la hipótesis se verifica y la recuperación se detiene, quedaría un mapa salarial deteriorado. Según el informe que dio a conocer el Indec, el aumento nominal promedio tras la devaluación fue del 110 por ciento, es decir, apenas unos puntos más que la inflación oficial, y más o menos lo mismo que el verdadero aumento de precios. En otras palabras, tras cinco años de un extraordinario crecimiento económico que, por ejemplo, se traduce en que el PBI per cápita supere hoy en varios puntos el que había antes de que comenzara la recesión en 1998, la capacidad de compra de los asalariados sólo recuperó lo perdido tras la devaluación de 2002.

Pero ese promedio esconde la gran disparidad que existe en el mundo laboral. Si se desagrega el 110 por ciento de aumento nominal, se encuentra que el salario nominal de los trabajadores registrados subió un 150 por ciento, mientras que el de los asalariados informales sólo un 77 por ciento y el de los estatales un 66 por ciento. Esto implica que la mitad de la fuerza laboral acumula un atraso de entre 30 y 40 puntos porcentuales respecto a la inflación.

La perspectiva de que el salario real retome o prosiga su recuperación encuentra condiciones de puja distributiva propicias pero también factores desalentadores. Por un lado, parece indiscutible que la producción continuará en ascenso y en consecuencia habrá más demanda de trabajo en un contexto de menor desocupación. Por el otro, en muchos sectores los márgenes de rentabilidad se han achicado, y se presume que pasadas las elecciones y cualquiera sea el ganador, no habrá tanta generosidad fiscal como hasta ahora.

Por supuesto que el resultado real va a depender de una imprevisible dinámica inflacionaria que va a estar alimentada por la propia puja distributiva pero también por factores externos. Vaya uno a saber cuánto tiempo más transcurrirá hasta disponer nuevamente de un indicador de inflación confiable que permita analizar información cierta y torne innecesario el planteo de hipótesis como la de esta nota.

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