Existe una confusión generalizada en el debate público sobre que el proyecto de ley de extranjerización de tierras tendría injerencia directa en la conflictividad que en muchos casos se cobra vidas, como el reciente dirigente campesino de Santiago del Estero Cristian Ferreyra. Una restricción a la superficie de la compra de tierras por parte de extranjeros no tiene una incidencia significativa sobre la creciente y progresiva conflictividad por la tierra, de la cual de vez en cuando se sabe de los muertos que deja y siempre en el lado campesino y de los pueblos originarios. La expulsión, el desalojo y el desplazamiento forzado se dan por decenas de miles sin que trascienda públicamente. Teniendo en cuenta el caso de Ferreyra, su probable asesino es argentino como él, como lo son los que mataron Qom en Formosa y los que protagonizaron el conflicto en Jujuy. La concentración, el desalojo y la disputa por la tierra y las luchas contra su uso insostenible se dan en su gran mayoría entre argentinos, con un saldo casi siempre sesgado a favor de los empresarios rurales, generalmente pampeanos.

Si bien ese proyecto girado por el Poder Ejecutivo al Congreso es una positiva puerta de entrada a un debate, solo afecta a los actores que protagonizan el mercado de inmuebles rurales. Pero en la estructura agraria no son los pueblos originarios ni los campesinos quienes acceden al mercado de inmuebles rurales. Estos acceden a la tierra preferentemente por la vía de la distribución estatal o en menor medida por herencia, dado el alto grado de informalidad en los títulos de propiedad por distintas razones históricas de conformación de la estructura de propiedad de la tierra en las diferentes regiones. Son los agricultores familiares capitalizados y el empresariado rural no familiar quienes acceden a las tierras en su casi totalidad a través de la compra o el arrendamiento a escala y en medida también considerable a través de la herencia.

Para discutir sobre concentración y democratización del acceso a la tierra se debería incluir también en el articulado una restricción de superficie a comprar por parte de particulares connacionales, quizá más amplia que la posibilitada a extranjeros, pero es ésa la única manera de frenar la concentración, que es casi en su totalidad “Made in Argentina”. Quizá la cuestión de fondo es que este tipo de problemas está directamente asociado con el modelo de desarrollo rural y en ese caso el PEA debería contribuir a un equilibrio entre las diferentes visiones del desarrollo rural y de la utilización de la tierra que tienen los diferentes actores agrarios y no solo posicionar como hegemónica una mirada agroempresarial basada solo en metas extractivistas y productivistas.

Por ello también las restricciones en la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros deberían incluir condicionamientos a formas de uso de la tierra. Esta no es solo el metro cuadrado medible catastralmente, sino que es fundamentalmente parte de un ecosistema a proteger, porque en su conjunto constituye parte inescindible de hábitat y del patrimonio natural de toda la población. En esta etapa de “sintonía fina” del modelo hay que pensar el modo de incluir al debate a todos los actores de la estructura agraria y no solo a los empresarios del agro, conciliando además las diferentes visiones y modos de entender lo agrario que tienen los actores del medio rural. Por ejemplo, las visiones de pueblos originarios están más cercanas a los objetivos de protección de bosques nativos y su usufructo racional y equilibrado, que forma parte también de las políticas públicas del Estado, así como la posesión comunitaria de la tierra a la que sus demandantes consideran mucho más que una fábrica de productos exportables: es su sentido de vida y cultura. No solo de exportación se trata, hay espacio para todos porque el país cuenta con más de 40 millones de habitantes que consumen alimentos y que generan nuevas expectativas de alimentación como aquella proveniente de modos de producción amigables ambiental y socialmente como la agroecológica, deseablemente volcada al mercado interno en cantidad y precios accesibles y no solo como otra estrategia de agroexportación. Difícilmente se pueda combatir la violencia creciente en torno de la tierra reduciéndola a un problema de nacionalidad o sesgando una visión del desarrollo rural basada en la mirada totalizante de los agronegocios

* Autora de los libros La tierra en Sudamérica y Estructura de propiedad de la tierra en el Mercosur.