La tragedia de la Estación Once vuelve a poner de relieve una cuestión central para la sociología del desarrollo: el tipo de relación que se establece entre el Estado y los empresarios. Partiendo de la importancia de la intervención estatal para concretar un proceso de desarrollo sostenido, aparece el problema de lograr adecuados niveles de reciprocidad entre el sector público y privado que garanticen el éxito de esas intervenciones estratégicas, tanto en su etapa de diseño como en la de implementación.

¿En qué consiste concretamente la reciprocidad? En principio, en reconocer que la relación entre el Estado y los empresarios es jerárquica y asimétrica. El Estado es responsable de exigir el cumplimiento de precisas metas de desempeño a cambio de los beneficios otorgados y además es capaz de evaluar autónomamente su grado de cumplimiento y establecer las sanciones correspondientes, en caso de ser necesario. En términos más sencillos: “disciplinamiento” del capital. En segundo lugar, propiciar que la relación entre ambos actores se promueva a través de canales institucionalizados y no por carriles informales que favorecen la connivencia y los personalismos. Tercero, que estos canales institucionalizados por donde se encauza la relación se sostengan en el largo plazo y no se reduzcan a acciones aisladas que se diluyen en el tiempo.

En términos analíticos, este complejo proceso de interacción entre sector público y privado atraviesa cuatro etapas fundamentales que requieren de un activo rol del Estado en todas ellas:

- El establecimiento de las normas de desempeño generales y relativas que se esperan del capital a cambio de las transferencias públicas realizadas.

- La supervisión del cumplimiento de las pautas fijadas por parte de los funcionarios públicos, garantizando el acceso a información confiable y precisa a lo largo de todo el proceso.

- La fijación de las sanciones correspondientes en caso de detectar incumplimientos.

- El control externo de los burócratas involucrados en la negociación y control para disminuir los riesgos de discrecionalidad y connivencia.

En el caso de los ferrocarriles (pero podría extenderse a otros sectores de actividad), se vienen realizando importantes transferencias de recursos públicos con el objetivo de garantizar o mejorar el servicio, sin embargo los resultados son muy pobres en términos de calidad de la prestación. Más allá de cuál sea la causa puntual en este caso, la tragedia de la Estación Once pone en evidencia un conjunto de fallas estructurales en la relación entre la empresa concesionaria y el Estado que dispara preguntas elementales y aplicables a otros sectores que dan cuenta del bajo grado de reciprocidad y disciplinamiento de la relación: ¿Se establecieron con claridad las metas de desempeño del concesionario? ¿Cómo actuaron los organismos encargados de evaluar su cumplimiento? ¿Se barajó la necesidad de redefinir las metas establecidas? Si se detectaron incumplimientos, ¿por qué no se establecieron las sanciones correspondientes?

Parte de la llamada “sintonía fina” de esta nueva etapa de la administración kirchnerista requiere tomar una clara decisión política en pos de “disciplinar” a los capitales beneficiarios de las transferencias públicas. Así se podrá evitar que los recursos de todos terminen fomentando exclusivamente privilegios al capital, en vez de impulsar la expansión de sectores clave para el desarrollo nacional

* Coordinadora Maestría en Sociología Económica. Idaes-Unsam. Investigadora Conicet.