El 3 de agosto vence el Boden 2012 y el Gobierno desembolsará unos 2300 millones de dólares. No se trata de una cuota más: será el último pago de un bono creado hace diez años para compensar a los ahorristas damnificados por el corralito de Domingo Cavallo y el corralón impulsado en el 2002 por Remes Lenicov, entonces ministro de Economía de Eduardo Duhalde. Repasar esta circunstancia en momentos de histeria colectiva por el dólar permite exponer los motivos de las actuales restricciones para la compra de divisas pero, a falta de una convincente explicación sobre las medidas impuestas, al menos ayudará a descartar otras que surgen al calor del silencio oficial.

Recordar la cancelación total de un bono emblemático de la crisis de la convertibilidad, como el Boden 2012, no deja dudas respecto del cambio de época y de la fortaleza macroeconómica que distingue la actual etapa de aquella otra, aun cuando opiniones de presuntos entendidos en el tema busquen encontrar en dichas restricciones el germen de una nueva crisis.

Por eso es falso plantear que el actual cepo cambiario obedezca a la necesidad de atesorar dólares para pagar deuda y afrontar los vencimientos que hay por delante, como algunos economistas del establishment pretenden hacer creer. Desde el 2003 Argentina viene ejecutando una política de desendeudamiento potente, que ha reducido significativamente la deuda pública y la ha ubicado en niveles manejables. Algunos hitos de este proceso fueron dos exitosas reestructuraciones (2005 y 2010) que redujeron su valor nominal, y el pago al FMI, que más allá del monto significó terminar con el constante monitoreo del organismo sobre las cuentas públicas nacionales. La ejecución de estas medidas, combinadas con años de expansión económica, permitió reducir el peso de la deuda pública en el PBI (del 160 por ciento del 2003 al 31 por ciento actual) y además se logró una composición estructural de la deuda compatible con las actuales políticas de crecimiento, modificándose el perfil de los acreedores –hoy predominantemente agentes del sector público–, los plazos –más largos y a menor interés– y la nominación de la deuda, que en la actualidad tiene al dólar con menor protagonismo frente a un mayor volumen expresado en pesos. De ahí que argumentar que el Gobierno desincentiva la compra de dólares porque los necesita acumular para pagar deuda resulta poco convincente.

Más aún, el absurdo se ratifica por un hecho escasamente advertido entre los encumbrados expertos: hoy el Banco Central tiene una capacidad de compra de divisas en el mercado cambiario superior a los compromisos de deuda que el Gobierno debe afrontar en lo que resta del 2012, donde además en diciembre vence el cupón del PBI por 3000 millones de dólares. Sólo en lo que va del año el Central compró 6000 millones de dólares, un monto mayor de lo que resta por pagar, manteniendo reservas en niveles óptimos. Las exportaciones continúan elevadas y el superávit comercial se estima para fin de año en 10.000 millones de dólares, lo que frente a un mundo en crisis continúa siendo un indicador auspicioso y despeja fantasmas de restricción externa.

En consecuencia, más allá del saludable intento por desdolarizar la economía doméstica, algo que a nivel regional se viene discutiendo, con intentos desde Unasur para reemplazar la divisa norteamericana en los intercambios comerciales entre los países, la restricción para la compra de dólares demandaría explicaciones del equipo económico que permitan interpretar la medida y desarticulen pronósticos inconsistentes sobre el dólar y el curso actual del modelo, repleto de argumentos “blue”, que están lejos de aportar sensatez y claridad al tema

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