El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. Para ello plantea resolver progresivamente el déficit habitacional e incentivar la planificación de políticas que ordenen el uso del territorio. Sin embargo, hoy casi la mitad de los porteños no tiene acceso a una vivienda propia.

Desde 2007 hasta fin del año pasado el valor promedio del metro cuadrado se elevó de 1402 a 2107 dólares, más de un 50 por ciento, y casi un 115 por ciento en pesos, según el Gobierno de la Ciudad, muy por encima de la inflación del período, lo que refleja que la inversión en ladrillos se convirtió en una de las opciones más rentables. A ello se suman tres factores fundamentales: en la Ciudad hay alrededor de 150 mil propiedades en desuso, según indica el Censo 2010, en los últimos 5 años el valor del alquiler promedio se incrementó casi el 250 por ciento y, por último, la proporción del salario destinado al arrendamiento superó el 40 por ciento de los ingresos de las familias.

Los números hablan por sí mismos. La desatención hacia la cuestión habitacional por parte de la gestión de Mauricio Macri se ve claramente reflejada en la cada vez más escasa asignación de recursos al área, en la reiterada subejecución del presupuesto y en la implementación de planes que no sólo no abordan la problemática de manera integral, sino que ofrecen soluciones atadas con alambre.

El plan “Primera Casa BA”, lanzado por el Gobierno de la Ciudad hace dos meses, propone otorgar en el plazo de un año 3500 créditos en una ciudad que cuenta con un déficit habitacional de más de 100 mil viviendas. Teniendo en cuenta que la iniciativa no ataca la lógica especulativa del mercado inmobiliario actual, el otorgamiento de los créditos no sólo no resolverá la situación sino que, incluso, podría alimentar una burbuja hipotecaria funcional al proceso de valorización de las propiedades.

En este contexto, creemos urgente e indispensable que el Estado comience a jugar un rol protagónico, orientado a establecer políticas públicas resolutivas y a poner en marcha un Plan Integral de Vivienda. Consideramos que el mismo debe reposar sobre cuatro pilares centrales:

- Impuesto a las viviendas ociosas: Grabar las viviendas en desuso con un tributo creciente en función del tiempo en que se mantienen deshabitadas. Así, se pone un límite a la especulación inmobiliaria incorporando los inmuebles en desuso a la oferta de venta y alquiler con la consiguiente baja en los precios.

- Urbanización de villas y regulación de hoteles familiares: Aumentar la inversión en la provisión de servicios básicos, que favorecerá su accesibilidad e incorporación al trasporte público y al tendido de alumbrado. Además, lanzar un plan de créditos blandos destinados a mejorar la infraestructura e impulsar la entrega de títulos de propiedad con una cláusula de no venta o alquiler para evitar que grandes emprendimientos inmobiliarios expulsen a la población. En cuanto a los hoteles familiares, incrementar las inspecciones y controles, regular los precios y reponer la ley que prohíbe los desalojos.

- Regulación de alquileres y Construcción de viviendas: Es necesario poner topes a los precios y que sean los propietarios quienes se hagan cargo de las comisiones inmobiliarias en lugar del inquilino. Asimismo, es posible implementar un plan de construcción de viviendas en las comunas del sur de la Ciudad y garantizar la ampliación de los créditos hipotecarios con la correspondiente reducción de los requisitos de acceso a los mismos.

- Creación del Ministerio de Vivienda y Hábitat: generar un diseño institucional centralizado que elimine la multiplicidad de programas difusos, unifique todas las políticas de vivienda de la Ciudad y se complemente con un Ente Metropolitano de Defensa de los Inquilinos.

* Agrupaciones El Gleyzer.

** Juventud Rebelde Rebelión.