Con afán innovador, Sergio Massa y sus referentes económicos plantearon, no sin ambigüedades, las principales líneas de su proyecto económico-político. Entre ellas, reaparece la recurrente preocupación acerca de la falta de confianza para la atracción de inversiones y la necesidad de un marco jurídico, la defensa de los intereses del “campo”, la limitación a las excesivas regulaciones estatales, la nueva toma de crédito en el exterior y la participación privada en el sistema previsional.

Todas ellas reflejan procesos político-económicos ya vividos en el país, que se han revertido en los últimos diez años. Particularmente, el desendeudamiento y el fin de las AFJP representan verdaderos paradigmas de un cambio de época en materia de política económica. Vale la pena, entonces, un repaso sobre estas propuestas “renovadoras”.

“Tomar crédito en el exterior, no sólo para el sector público, sino para el sector privado.” “El canje fue muy importante para arrancar, pero hoy estamos perdiendo oportunidades por no acceder al crédito barato.”

Los países pueden endeudarse con fines diversos. No obstante, dada la historia del endeudamiento argentino y su rol en los procesos económicos, resulta oportuno recordar que a partir de la Reforma Financiera de 1977 y hasta la crisis orgánica de 2001, la mecánica de toma de deuda en el exterior, no con fines productivos, sino para su posterior valorización local y fuga al extranjero, ha sido recurrente. Este proceso iniciado con la última dictadura constituyó el eje del patrón de acumulación de valorización financiera: las fracciones dominantes, conformadas por grupos locales y empresas y conglomerados extranjeros, adoptaron la dinámica de contracción de deudas en el exterior, las cuales constituían una masa de capital líquido que se valorizaba en el mercado interno debido a las notables diferencias existentes entre la tasa de interés interna y externa, generando así una renta posteriormente remitida al exterior. Así las cosas, la contracara del endeudamiento fue la fuga de capitales.

Sin embargo, ni la toma de deuda externa ni la fuga fueron factores generadores de valor. El origen de los recursos apropiados por los grupos dominantes residió en la redistribución regresiva de los ingresos: reducción de los salarios reales, subocupación, desocupación y empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. El Estado fue el encargado de solventar y proteger los intereses de los principales grupos económicos (transnacionales y locales) a través de diversos mecanismos: la promoción industrial y el reembolso a las exportaciones, las cuantiosas transferencias cuasi fiscales resultantes de la licuación de la deuda interna y estatización de depósitos, el pago de los intereses de la deuda externa, las privatizaciones.

Si la mecánica de contracción de deuda privada en el exterior ha sido, hasta la crisis de 2001, uno de los mecanismos predilectos de las fracciones más concentradas para la apropiación del excedente, tanto la renegociación de la deuda (con quita del 70 por ciento, extensión de plazos y reducción de intereses) y el pago al FMI en el 2005, como la regulación del sistema financiero (Carta Orgánica del Banco Central en 2012, y la reciente ley de mercado de capitales), constituyen medidas que han recortado el margen de maniobra de los sectores especulativos.

En el marco de las recientes políticas de desendeudamiento, el lobby para el nuevo endeudamiento con eje en el sector privado y sin especificar los fines u objetivos del mismo constituye un claro guiño hacia el retorno de la valorización financiera, cuyo poder en los últimos años se ha plasmado en más de seis corridas bancarias –con fuerte merma de las reservas del Banco Central– y apuestas devaluacionistas al dólar paralelo.

“El sistema de capitalización para todos fracasó, pero podría ser un régimen complementario.”

Si bien desde el “sentido común” se suele considerar que el sistema previsional preexistente a la estatización de 2009 era sólo de carácter privado, desde la Reforma Previsional de 1994 se conformó un régimen de carácter mixto que combinaba un sistema administrado por el Estado y otro por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y las Compañías de Seguro de Retiro (CSR). Con la aparición del sistema de capitalización, el sector público siguió financiando parte de los haberes jubilatorios de los afiliados a las AFJP: mientras que en el sistema de reparto los haberes se componían de tres tipos de prestaciones a cargo del Estado, en la capitalización se conjugaban tanto recursos públicos como de las AFJP y fondos capitalizados por sus afiliados.

Con el mismo espíritu de la reforma del ’94, la “complementariedad” en el sistema previsional a la que hoy se alude apunta a la segmentación de los aportantes, y se dirige particularmente a la captación de los aportes de los sectores de mayor poder adquisitivo, más proclives a optar por una cuenta de capitalización individual. Entre otras consecuencias, esto implica romper la solidaridad entre trabajadores de distinto nivel de ingreso. Pero por sobre todas las cosas, la propuesta “renovadora” se dirige a recuperar uno de los negocios principales del poder concentrado, vinculado con la apropiación y valorización de esa masa de dinero de los aportantes en inversiones especulativas, a costa de los trabajadores.

Desde el punto de vista económico, es importante considerar además que la reforma del sistema previsional junto con la reducción de aportes patronales cumplieron un rol clave en el sostén de la valorización financiera: constituyeron el canal de “compensación” a las fracciones locales, mediando en su disputa con los grupos extranjeros, actores ganadores a partir de la crisis de 1989 y de la firma del Plan Brady, en 1992. Como consecuencia de la reducción de aportes y la implementación del sistema de AFJP, el Estado dejó de percibir, en el período 1994-2000, unos 29.960 millones de pesos por la implementación del sistema previsional privado, y 22.372 millones de pesos por la reducción de aportes. En el mismo período, el déficit financiero, generado por los ingresos que el Estado dejó de percibir, ascendió a 54.615 millones de pesos, mientras que, no casualmente, entre 1994 y 2000 los montos correspondientes al pago de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar: 54.446 millones de pesos. Así como los acreedores externos recibieron una porción creciente del gasto estatal, las fracciones dominantes locales obtuvieron una transferencia de recursos estatales equivalente a la de aquéllos.

El Estado debió endeudarse para generar divisas que garantizaran esas transferencias y, a la vez, continuar con el ajuste del gasto. De este modo, el endeudamiento en el período 1994-2000 no tuvo origen en los intereses de deuda contraída en la dictadura, sino que tuvo por función cubrir el reparto de excedentes entre las fracciones dominantes, así como financiar el déficit del sector privado producto del déficit por servicios reales (turismo, marcas y patentes, y fletes), los servicios financieros de la deuda externa privada, y la fuga, que no se logró compensar con el endeudamiento y la Inversión Extranjera Directa del período

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).