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En el marco de un amplio proceso de liberalización de los mercados en Latinoamérica, en los años ’90 se realizó una profunda reforma institucional y económica del sector eléctrico argentino. El objetivo central era promover la competitividad y las inversiones privadas en las actividades de distribución, transporte y generación de electricidad.

Por este motivo el Estado se retiró de la actividad productiva (privatizando las empresas públicas de electricidad), se creó un ente para regular las empresas del sector y otro para centralizar la administración de las transacciones del mercado mayorista y el despacho de las plantas de generación. El nuevo paradigma era que el mercado y la regulación estatal definirían los precios eficientes que asegurarían el suministro eléctrico en el corto y en largo plazo.

Como sabemos, este modelo colapsó con la salida de la convertibilidad en 2001. Sin embargo, el sistema venía acumulando una serie de deficiencias que no fueron corregidas oportunamente por el carácter dogmático que se le dio a la reforma implementada. Entre otras cosas, faltaron cambios regulatorios oportunos y mayores y mejores controles a las empresas para corregir “fallas del mercado”.

La falta de una planificación estratégica tuvo al menos las siguientes consecuencias negativas que actualmente son más evidentes: la no expansión del sistema de transporte y distribución de electricidad (hoy parcialmente solucionado a través de una participación más activa del Estado), la interrupción de la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas (pequeñas y grandes), la discontinuidad de la construcción de centrales nucleares (la construcción de Atucha II fue suspendida antes de los años ’90), la no diversificación de la matriz eléctrica (distintas fuentes, especialmente renovables), un incremento en su dependencia de los hidrocarburos (recursos no renovables) y la ausencia de una política rigurosa en materia de uso eficiente de la energía.

El sistema eléctrico de Brasil también entró en crisis en 2001. El motivo inmediato fue una prolongada sequía que disminuyó la capacidad de generación hidroeléctrica (90 por ciento del total).

El gobierno de entonces –consciente del impacto que tiene la falta de suministro en el humor social– asumió el problema adoptando medidas drásticas: reestructuró la organización de la industria eléctrica, otorgándole al Estado un mayor protagonismo en la determinación de los precios a corto y largo plazo, implementó un sistema de planificación estratégica, impuso un régimen severo de ahorro (aproximadamente un 20 por ciento) y de uso eficiente de la energía, y aumentó las tarifas para garantizar la remuneración del costo del servicio e incentivar las inversiones. Obviamente las medidas adoptadas fueron resistidas por los usuarios, pero el Gobierno mantuvo su decisión, seguramente consciente de que la alternativa sería más costosa para todos.

En el caso de la Argentina, en 2002 el Gobierno dictó una Ley de Emergencia (prorrogada hasta fin de 2015) pesificando y desindexando las tarifas de los servicios públicos –asumiendo transitoriamente su regulación– y disponiendo la renegociación de los contratos de concesión.

En el caso del transporte y distribución de la electricidad, la Comisión de Renegociación designada a tal efecto cerró en 2006 Acuerdos con las once empresas que integran estas etapas de la actividad (tres distribuidoras y ocho de transporte nacionales) que fueron aprobados por las distintas instancias previstas (incluido el Poder Legislativo), hasta su ratificación por decreto del Poder Ejecutivo.

En esencia, los Acuerdos contemplaban un aumento tarifario progresivo y atenuado, hasta alcanzar el nivel establecido con los criterios de la Ley de Electricidad (24.065) a cambio de renunciar al reclamo de cualquier resarcimiento con motivo de la salida de la convertibilidad y a planteos judiciales ante organismos internacionales (Ciadi).

Dado que el Gobierno no cumplió con los compromisos adquiridos en los Acuerdos se produjo una laguna normativa cubierta parcialmente con decisiones, formales y no, de las autoridades. Dichos Acuerdos suponían la normalización del marco regulatorio de la actividad eléctrica, ya sea manteniendo la misma ley o sustituyéndola por otra que se considere más acorde con la política definida para el sector.

En los hechos hoy el sector no tiene un sistema de reglas claramente definidas y legitimadas que asegure su expansión en el mediano y largo plazo. Las exigencias (y sus consecuencias) a la capacidad de funcionamiento del sistema, provocadas por factores climáticos en los últimos tiempos, ponen de manifiesto que está operando al límite de su capacidad, al menos en las áreas de mayor consumo. Esta situación también compromete la cobertura de la mayor demanda futura originada en el crecimiento de los distintos sectores de la economía.

Hacerse cargo de esta situación y poner en práctica las medidas para su remediación seguramente tendrá un alto costo político. Pero más temprano que tarde habrá que asumirlo

* Especialista en temas energéticos.