La ortodoxia económica reclama, a través de diversos voceros, la urgente aplicación de políticas antiinflacionarias orientadas a reducir los ingresos y mermar el consumo para “equilibrar” oferta y demanda. Con la misma vehemencia con que insisten en estas medidas, manifestaron su rechazo a la mal llamada “ley de abastecimiento”, que partiendo de un diagnóstico diferente sobre el fenómeno de aumento de precios apunta a discutir la renta (su generación y distribución) en lugar de encorsetar la demanda.

Uno de los instrumentos más interesantes de la ley –y que mayores críticas despertó– es la creación del Observatorio de Precios. El mismo comenzó a funcionar el 25 de enero, con el sector vitivinícola, olivícola y frutícola (peras y manzanas).

La primera experiencia de acuerdo de precios se impulsó con el programa Mirar para Cuidar en 2013, que abarcó a 500 productos de 10 cadenas de supermercados. Si bien “negociar con pocos” facilitaba su implementación, lo cierto es que sólo se controlaba el último eslabón de la cadena, impidiendo una mirada sobre la cadena completa y las posibles distorsiones en su interior. Precisamente, la necesidad de regular el funcionamiento “hacia atrás” de la cadena productiva y de comercialización derivó en esta ley, apuntando al reordenamiento de rentabilidades intracadena, donde algunos intermediarios oligopólicos consiguen apropiarse de mayores porciones de la renta a expensas de los eslabones más débiles.

La Ley 26.992, denominada “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios”, crea el Observatorio de Precios, para el análisis de procesos productivos y de la apropiación de renta intracadena. Es un espacio institucional donde los eslabones más débiles pueden sentarse a discutir con quienes lideran esas cadenas, las grandes empresas concentradas. El objetivo es que los distintos niveles del Estado, el sector privado y los trabajadores puedan unificar la mirada sobre precios y costos de la cadena y que informen y sugieran a la Secretaría de Comercio sobre posibles caminos y acciones para intervenir en la misma.

El neoliberalismo dejó en el funcionamiento económico y en el accionar estatal algunas ideas marcadas a fuego. Una de ellas tiene que ver con costos y precios: los privados analizan (y acceden) a los primeros, mientras que “el mercado” determina a los segundos (lo que indudablemente favorece a los más poderosos). Esta cuestión se ha hecho visible en el funcionamiento del Observatorio: la dificultad para obtener información es recurrente. Si bien analizar las complejidades de este esquema puesto en marcha llevará tiempo, a priori pueden distinguirse los siguientes fenómenos:

- A sabiendas de que la no actuación del Estado permite hacer valer su mayor poder de mercado, las grandes empresas privadas resisten activamente que el Estado interfiera en una “relación entre privados”.

- En materia de recolección de información, los organismos públicos descentralizados han sido desmantelados por el proceso neoliberal, a través de la primacía de la “autorregulación del mercado”, ya que contar con información de costos de producción no era necesario. Asimismo, estos organismos se han vuelto permeables a los intereses de los grandes grupos de cada cadena.

- Los pequeños eslabones carecen de capacidad administrativa para analizar estos puntos, o tienen infinidad de particularidades (tiempos de pago, tipo de producción, tamaño de empresa) que suelen incrementar sus costos y precios, alejándose de los niveles estándares de la cadena, lo cual indica que el simple promedio de los costos sectoriales puede no ser representativo.

Estos elementos señalan de primera mano el resabio neoliberal en materia de ostensible incapacidad estructural del Estado. En este marco la experiencia del Observatorio sirve para que el Estado vuelva a recuperar equipos técnicos, se trabaje la especialización en el cálculo de costos productivos y las carreras universitarias reincorporen en sus planes de estudio el análisis de costos como materia obligatoria.

La tentación de utilizar la herramienta del Observatorio de Precios para resolver la problemática de coyuntura siempre será un desafío. En realidad, debería constituirse en un espacio donde los problemas estructurales salgan a la luz y, a partir de allí, sea factible intervenir con las políticas necesarias para solucionarlo, pero siempre sentando a la mesa a todos los actores.

Sin embargo, también resulta una tentación para los privados (chicos y grandes) que al sentarse frente al Estado opten por el subsidio o la transferencia para cubrir la pérdida de los eslabones más débiles, sin discutir los márgenes de ganancia. En repetidas ocasiones el pedido de ayuda al Estado por parte de los eslabones más débiles apunta a “tapar baches” de manera transitoria –y en situaciones de urgencia–, sin cuestionar las relaciones económicas subordinadas que poseen con las grandes empresas.

El rol del Estado garante del negocio privado concentrado fue funcional a un modo de acumulación vinculado con la valorización financiera. A esta altura no es suficiente sólo con modificar el rol del Estado, sino que también es necesario incidir sobre el accionar de los agentes económicos para consolidar un nuevo modo de acumulación. Es un desafío para la profundización de este proyecto.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).