“No es esto la década del noventa, no queremos la idea del derrame”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a comienzos de año. Pocos días atrás, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sostuvo que “la teoría del derrame ya demostró que no incluye”. Estas definiciones dan cuenta de la inconveniencia de defender el discurso que postula favorecer a los sectores más concentrados del capital para lograr que, una vez que sus copas estén llenas, las mismas sean derramadas hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y es que frases como “hay que pasar el invierno” (Alvaro Alsogaray, 1959); “queremos que este esfuerzo que le estamos pidiendo a los argentinos sirva de una vez por todas y para siempre” (José Martínez de Hoz, 1976); “Estamos mal pero vamos bien” (Carlos Menem, 1990) o “saldremos adelante de esta situación transitoria si realizamos el esfuerzo necesario” (Fernando de la Rua, 2001), tuvieron en común no solo ser dichas al mismo tiempo que se les ofrecían fortísimas concesiones al capital concentrado, sino también en derivar en estruendosos fracasos para los sectores populares.

Por eso no sorprende que, mientras el gobierno insiste con volver a aplicar la teoría del derrame, sus funcionarios busquen negarla en sus discursos. Lo concreto es que la actual administración endeudó al país para favorecer el reclamo de los fondos buitre, redujo y eliminó retenciones a los agroexportadores, promovió una devaluación que favoreció a este mismo sector y al financiero, e intentó llevar adelante un aumento tarifario para recomponer la rentabilidad de las empresas privadas de servicios públicos, todo ello en desmedro de los sectores populares, que vieron reducir sus ingresos, consumo, y fuentes laborales. Con menos contundencia que lo anterior, pero en la misma línea, comenzó el desguace del sistema previsional que había logrado la universalización de la jubilación mínima para responder a las demandas judiciales del 10 por ciento de los 6,5 millones de jubilados, junto a la eliminación del Impuesto a las Ganancias para parte del segmento de los empleados con mejores ingresos, diez por ciento del total.

Bajo la teoría del derrame ni las medidas orientadas a los sectores populares, como la “tarifa social”, la reducción del IVA para los segmentos de menores ingresos, las asignaciones familiares para monotributistas, o el bono de 400 pesos por única vez para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pudieron compensar las fortísimas transferencias al capital concentrado, por lo que absolutamente todas las consultoras dieron cuenta de una suba en la cantidad de pobres, con un piso de 1,4 millones de aumento, y de una caída en el consumo de los sectores medios.

A poco de asumir el Ministerio de Economía, Axel Kicillof había señalado que “nos mintieron durante décadas con que el objetivo del gobierno debía ser primero crecer para después distribuir; la teoría del derrame fue el libro de texto oficial con el que en la Argentina se provocaron las mayores desgracias macroeconómicas. Con nuestras medidas, en la práctica, estamos refutando esa teoría que nos decía a los argentinos que teníamos que postergar nuestra esperanza, postergar nuestros anhelos, siempre teníamos que esperar que llegara el momento de la distribución que nunca llegaba”.

Pero el rechazo práctico a esta teoría también volvió a manifestarse pocos días atrás, cuando un grupo de dirigentes políticos, sindicales y empresariales de extracción peronista denominados “los Laudatistas” formularon un documento para el Papa Francisco en el que sostuvieron que “se ha instalado en nuestro país un gobierno en cuyo seno crece una concepción tecnocrática del Estado, persistiendo en imponer la teoría del derrame con sus graves consecuencias de concentración económica y exclusión social que ya son evidentes”.

No es casualidad esta referencia al destinatario en cuestión. En “La alegría del Evangelio”, la primera exhortación apostólica escrita por Francisco a fines de 2013, se postula que “algunos todavía defienden las teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando”.

Fue tal el fracaso de esta teoría en nuestro país, que sus críticas pueden hallarse en otros espacios que no confraternizan ni con el clero ni con el peronismo. A mediados de los años noventa, el escritor Tomas Eloy Martínez afirmó: “Desde la metrópoli nos anunciaron que había llegado el fin de la historia –lo que también significa el fin de las utopías– y nos vaticinaron una era de bonanza bajo el modelo triunfante del neoliberalismo. La mayoría de nuestros gobiernos democráticos han aceptado ese credo, con la certeza de que las miserias actuales afrontadas por los pueblos latinoamericanos serán compensadas por las abundancias del futuro. ‘Para que haya menos pobres es necesario que, antes, los ricos sean mucho más ricos’, afirma la doctrina neoliberal. Ese mandato de resignación se asemeja al de las religiones fatalistas: ‘Para entrar en el reino de los cielos es necesario ser antes humillado y ofendido’. Los vaticinios han sido errados, no porque nuestros pueblos sean impacientes o insensatos, sino porque la resignación termina donde empieza la voluntad de sobrevivir”.