A propósito del actual gobierno de la ciudad. Existen diversas maneras de analizar la política que despliega un gobierno. A través de lo que dice y/o calla. Siguiendo lo que hace y/o deja de hacer. Por sus aliados y/o adversarios. O bien observando su gestión financiera. Miremos la cuestión desde esta última perspectiva.

Mucho se dijo sobre el primer presupuesto 2007 que el gobierno enviara a la Legislatura. Entre las primeras voces que se alzaron para cuestionarlo estuvo la nuestra. Dijimos entonces que no creíamos que la Legislatura fuera a acompañar semejante disparate. Que se pretendía endeudar a la ciudad sin motivo. Que el problema de la ciudad no era de falta de recursos. Tuvimos razón. El presupuesto fue rechazado, cayó el ministro y se presentó un nuevo presupuesto sin déficit. Ahora bien, cayó el ministro, ¿pero cambió la política? No. Los números son contundentes. En 2006 el gasto corriente de la ciudad crece a una tasa que duplica la velocidad de crecimiento de los recursos. El gasto subió casi un 40 por ciento respecto de 2005. Mientras que los ingresos no alcanzan al 20 por ciento de incremento. Esta tendencia es de mal pronóstico respecto de la solvencia fiscal de la ciudad. Y resulta directamente preocupante si se la considera en conjunto con lo previsto para el año entrante. Veamos. El presupuesto 2007 aprobado no contempla incrementos previsibles y cuenta con utilidades del Banco Ciudad para financiar el gasto, cuya aplicación no es automática. De modo que su solvencia es discutible.

No somos de aquellos que se inmolan en el altar del equilibrio fiscal. Ni devotos del ajuste. Pero tampoco somos amigos de disimular problemas que pueden evitarse. Ni vamos a hacer virtud del vicio. En efecto, aun cuando se acepte que la expansión del gasto está justificada y que no sostiene veleidades electoralistas ni cobija acuerdos políticos en posiciones de estructura, sorprende la pasividad que en materia de recursos tiene la actual gestión. No existen medidas que apunten a mejorar significativamente la recaudación para acompañar la velocidad de expansión del gasto. Peor aún, se han promovido cambios de dudoso mérito que merman los ingresos de modo no despreciable. En ausencia de una política de ingresos inteligente y adecuada a un momento de formidable crecimiento económico, es previsible cómo termina este estado de cosas. Más temprano que tarde la ciudad incrementará su nivel de endeudamiento, perderá la solvencia fiscal consolidada tras la crisis y, por ende, reducirá los niveles de autonomía política que trabajosamente –y entre todos– afianzamos a lo largo de los últimos años.

No deja de ser curioso que la ciudad, que supo transitar la crisis con mano firme y remedio amargo (congelamiento de salarios, reducción de remuneraciones a funcionarios, revisión de contratos de proveedores a la baja, incremento selectivo de impuestos, entre otros), venga a sacrificar sus logros en un marco de bonanza económica. No deja de sorprender que en la ciudad un gobierno que debió ser de transición se convierta en una versión tardía de la política de (des) financiamiento estatal de los ’90.

* Ex secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente del Frente Grande Capital.