Seguramente ninguno de los lectores de este diario pudo dejar de sorprenderse, indignarse y sentir una profunda consternación cuando se empezaron a conocer las notas sobre personas que trabajan en condiciones de semiesclavitud. Entre las muchas reflexiones que esta información me generó, quisiera compartir dos: la primera es que cuando hablamos del “país real” no siempre somos conscientes de las profundas diferencias regionales que subsisten en la Argentina y del hecho de que, en algunas provincias, las condiciones de expulsión de la población son tan fuertes que las personas parten de su lugar de origen en busca de otras condiciones de vida, apenas un poco mejores, enfrentando un nivel de exposición y de vulnerabilidad no comprensible en estos días.

Santiago del Estero es una de estas provincias. Según el Censo Nacional de Población 2010, viven en esta jurisdicción 896.461 personas, alrededor de un 11 por ciento más que en 2001. Hace diez años, el 26,2 por ciento de los hogares vivía con necesidades básicas insatisfechas, es decir, tenía al menos una de las condiciones que son consideradas en este indicador. Pero un análisis de la información según departamentos muestra que en algunos de ellos el porcentaje de hogares con NBI era mucho mayor: 52,9 por ciento en Figueroa y 44,4 en Alberdi, en el norte de la provincia. Tal vez sirva para tener una mejor dimensión de estos datos que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires el porcentaje era de 14,5 por ciento. Si se considera el Indice de Privación Material de los Hogares (que toma dos dimensiones: recursos corrientes, que mide la capacidad económica de los hogares para adquirir bienes y servicios básicos para la subsistencia, y patrimonial, que contempla condiciones habitacionales), en 2001, en el total nacional, éste era de 37 por ciento, mientras que en Santiago del Estero alcanzaba al 64 por ciento de los hogares. En Formosa, por tomar otra provincia, el IPM era del 71 por ciento y en la Ciudad de Buenos Aires rondaba el 13.

En 2002, los índices de pobreza e indigencia treparon en todo el país hasta alcanzar el 53 y el 24,8 por ciento de las personas, respectivamente. En Santiago del Estero, el 60,2 era pobre y el 27,8 era indigente. Del mismo modo que en el resto del país, entre 2003 y 2005 los porcentajes de pobreza e indigencia también disminuyeron en Santiago: en el segundo semestre de 2003, un 58,7 por ciento de personas era pobre y un 28,4 era indigente; en 2005, lo eran el 48,1 y el 18,4 por ciento, respectivamente. Se notaron los efectos de la recuperación socioeconómica pero, comparativamente, la reducción de estos índices fue menor que a nivel nacional.

La segunda reflexión tiene que ver con lo que nos puede ilustrar una revisión de la historia de la Argentina para comprender cómo es posible que personas se vean sometidas a condiciones de vida y de trabajo de semiesclavitud. Numerosos estudios, sobre diferentes momentos de la historia de nuestro país, dan cuenta de la particularidad de Santiago del Estero: la abundancia de mano de obra dispuesta a emigrar de su lugar de origen para trabajar en otras provincias vecinas o en el área de mayor inserción en la economía internacional, la zona pampeana/litoral.

Para seguir un orden cronológico, comenzaremos desde principios del siglo XIX. El historiador Jorge Gelman señala que, después de producida la Revolución de Mayo, si bien todas las provincias del Norte del país sufrieron el impacto de la guerra de Independencia, algunas pudieron desarrollar actividades orientadas a los mercados del litoral y ultramarinos, tal el caso de Salta y Tucumán, mientras que en otras jurisdicciones la situación fue más difícil.

En Santiago del Estero, indica el autor, se continuaba practicando la agricultura de aluvión en las zonas inundables de los ríos Dulce y Salado, pero siempre dependía de la caprichosa sucesión de sequías e inundaciones. Por otro lado, un proceso de privatización y concentración de las mejores tierras de cultivo y ganadería seguramente afectó las posibilidades de subsistencia de una parte importante de la población. Por ello, aun cuando “una buena parte de los campesinos sigue teniendo acceso a los recursos del bosque, como la algarroba, a pequeños hatos de ganado que crían en tierras ajenas, y continúa la producción textil doméstica, las condiciones de vida se tornan más duras y favorecen el proceso de emigración temporal o definitiva”.

¿Cómo continuó esta historia? El historiador Roy Hora señala en un libro publicado recientemente que mientras la población de la región litoral creció en un 4,1 por ciento entre 1869 y 1880, en las demás provincias el ritmo fue significativamente menor, de 1,6 por ciento, y en el caso de Santiago del Estero, de 0,7 por ciento. Según el primer censo nacional, en Catamarca, Córdoba, Salta o la provincia que aquí nos ocupa, la mitad de las familias tenía jefatura femenina. Muchos varones habían sido enviados a la Guerra del Paraguay, pero muchos otros migraban hacia zonas más dinámicas, con mayores oportunidades de trabajo y mejores salarios. A pesar de las limitaciones del transporte, costoso y precario, y siguiendo la tendencia señalada por Gelman, en algunas de estas provincias se alcanzó cierta especialización en la producción que permitió una inserción en mercados regionales más amplios; tal fue el caso de Salta con la venta de animales en pie en las áreas mineras chilenas y bolivianas y, un poco después, el desarrollo de la producción azucarera en Tucumán, que creció gracias a la llegada del ferrocarril y la posibilidad de comerciar con el pujante litoral. A estas jurisdicciones vecinas también se dirigían los varones santiagueños para trabajar.

Es cierto que, como señala Daniel Campi, en las últimas décadas del siglo XIX, el cultivo industrial de la caña de azúcar redefinió las estructuras productivas de las provincias norteñas, pero en poco tiempo demostró ser inviable en Santiago, cuya dinámica fue de subordinación al proceso de expansión económica de las jurisdicciones vecinas. Santiago del Estero aportó uno de los escasos recursos de los que contaba para integrarse al modelo: la mano de obra. Dice Campi: “Aportaban anualmente los contingentes de zafreros a ingenios y plantaciones cañeras, lo que se presentaba como una alternativa para complementar los bajísimos ingresos de arrenderos, pastajeros o propietarios minifundistas. No está de más agregar que la ocupación [...] era en alto grado inestable, tanto por requerir trabajo transitorio de tres a seis meses del año, como por la precariedad de las condiciones de vida de los migrantes, de sus remuneraciones, sus derechos laborales y sus garantías. A su vez, esta integración parcial de la mano de obra permitía a las empresas desentenderse del problema de la manutención desde fines de la zafra (septiembre u octubre) hasta mayo o junio del año siguiente, y descargar el costo de su reproducción social sobre los mismos trabajadores y sus comunidades de origen” (Campi, 2000: 81).

Atentos a la limitación del espacio, no continuaremos con las referencias de otros estudios que coinciden en señalar cómo, ya avanzado el siglo XX, en la provincia de Santiago del Estero se profundizaron la falta de desarrollo económico, los altos niveles de pobreza y la emigración. Pero las líneas desarrolladas buscan dar cuenta de la continuidad de casi dos siglos de limitaciones estructurales que viven los habitantes de Santiago del Estero para superar condiciones de pobreza e indigencia como resultado de una multidimensionalidad de fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales. Estas limitaciones son, seguramente, un componente central de aquello que planteábamos al inicio de esta nota: la búsqueda de condiciones de vida y de trabajo apenas un poco mejores, en condiciones de gran vulnerabilidad. Es decir, muy pocas posibilidades para elegir y para ejercer derechos mínimos. Tal vez esta imposibilidad de salir de estas condiciones de sobrevivencia ayuda a pensar en esa Argentina profunda que parece asustarnos.

Claro está que de ningún modo estas líneas apuntan a distraer la atención sobre la responsabilidad de los empresarios que someten a condiciones de semiesclavitud a los trabajadores, empresarios que sin duda deben responder por estos delitos

* Profesora de Historia y Especialista en Políticas Sociales, UBA.