El Impuesto a las Ganancias para el personal en relación de dependencia está planteado con la misma lógica que se esperaría que tribute un empresario, que toma riesgos con fines de lucro. El concepto es enteramente discutible porque un empleado no percibe un salario como fruto de una especulación personal de ninguna naturaleza, sino simplemente como retribución de los servicios brindados a su empleador. Sin embargo, se podría de- sarrollar toda una lógica que vincularía las ganancias empresarias como inversamente proporcionales a los salarios pagados. De allí a admitir que las dos partes de la ecuación deben tributar hay un paso.

Sin incursionar en un terreno árido y sólo para especialistas, lo concreto es que muchos trabajadores de clase media viven este gravamen como un despojo, que reduce sus posibilidades de crecimiento patrimonial. Año a año, por lo tanto, con el liderazgo de la CGT, aparece el reclamo, la negociación y luego la modificación del mínimo no imponible. Existe una alternativa a este escenario reiterado y lineal: podría crearse un fondo fiduciario para el desarrollo de empresas de alta tecnología y otro para el desarrollo de regiones pobres. Ese fondo podría ser alimentado con aportes voluntarios de una proporción que se fije del impuesto a pagar –del impuesto, no de las ganancias gravadas– o con un monto máximo de ese impuesto por trabajador. Los fondos generados serían aplicados a proyectos públicos o de consorcios público-privados con participación de empresas nacionales, cuya evaluación económica, social y/o técnica debería ser realizada por organismos del sistema de ciencia y tecnología. Esos proyectos deberían ser gestionados por profesionales seleccionados estrictamente por su idoneidad. El componente público de la inversión debería ser aporte de capital y el componente privado, un préstamo al actor que intervenga.

Todo el sistema debería ser supervisado y auditado por un mecanismo transparente en que participen los que han nutrido los fondos. Los aportantes –los trabajadores que destinan allí su impuesto no pagado– recibirían la rentabilidad de esas inversiones y podrían transferir su tenencia en un cierto plazo no menor de cinco años. Cualquier ingeniería financiera seria podrá demostrar que el costo fiscal de esta medida sería negativo, ya que lo que se deja de percibir se recupera con claridad con los impuestos directos e indirectos que pagan las nuevas unidades productivas.

Pero la caja del Estado no es lo único ni lo más importante de la posible decisión. Lo más trascendente sería la posibilidad de comprometer a centenares de miles de compatriotas con una mirada productiva, con propuestas de agregado de valor nacional, rescatándolos del cada vez más común papel de consumidores o de rentistas, que parecen ser las únicas opciones de los trabajadores jerarquizados, tanto de las burocracias públicas como privadas. Acciones de este tipo son el complemento necesario de la mano extendida a los más humildes, como es la Asignación Universal por Hijo. Conseguir que una fracción de la clase media urbana se sienta dueña de parte de la producción nacional, vibre con ella y aspire a su crecimiento sustentable no es una utopía. Está allí, detrás de una decisión política simple

* Presidente del INTI.