Martínez de Hoz fue sin duda una pieza central de un proyecto de largo plazo. Quien quiera ahondar en la historia económica argentina desde 1983 tendrá como punto de partida los resultados de un proyecto de refundación de la Argentina, mediante el disciplinamiento de la clase trabajadora, con un nuevo Estado, supletorio del sector privado, mínimo y acotado, y con una nueva dinámica económica reflejada en nuevos actores y nuevas actividades rentables.

En ese punto, que explica un nuevo modelo de acumulación, el de valorización financiera, y referenciado en un particular bloque de poder, resulta central preguntarse cómo fue posible modificar la estructura social-económica del país o por qué el primer gobierno constitucional post dictadura “debió abandonar” muchas de las reivindicaciones populares a poco de andar. La herencia que recibió el gobierno radical fue nada más y nada menos que una inflación del 430 por ciento anual, 45.000 millones de dólares en deuda (equivalente a 5 años de exportaciones), un déficit de 17 por ciento sobre PBI, y significativas transferencias comprometidas como producto de la estatización de la deuda privada y de los cuantiosos beneficios de la promoción industrial.

¿La dictadura –en la persona de Martínez de Hoz– tuvo un proyecto? ¿Tenía una “doctrina” de la desindustrialización y del retiro del Estado? ¿Fue exitoso?

Desde la concepción ideológica de que el mercado es impersonal, justo y el más eficiente asignador de recursos y disciplinador del comportamiento social, el objetivo de la dictadura fue lograr el supuesto aumento de la productividad y competitividad, una democracia estable y la protección de los intereses de todos (y no de un sector: la industria y sus trabajadores), haciendo para ello caer fuertemente los salarios reales, “sincerando” los precios internos y las tarifas de servicios públicos mediante la eliminación de la protección externa (que generó oligopolios y altos costos), eliminando la tasa de interés negativa (que implicaba según su criterio la asignación irracional del capital) y liberalizando el mercado de capitales (en el marco un sistema financiero libre con tasa de interés positiva). En este sentido y sólo discursivamente, en el planteo dominante no se trataría de redimensionar ni de simplificar el sistema industrial sino de adaptarlo, mediante la elevación de sus escalas de producción, a una mayor competitividad internacional.

Desde 1979, con la revaluación del peso, la reforma arancelaria y altas tasas de interés interna (reestructuración asimétrica de la economía real), crece fuertemente la renta financiera. ¿Qué produce? Dos procesos opuestos: por un lado, una importante renta financiera para las fracciones dominantes que se endeudan en el exterior y valorizan esos recursos en el sistema financiero local; por otro, las fracciones más débiles del empresariado con la obligación de enfrentar tasas de interés elevadas que genera insolvencia y crisis, con la imposibilidad ya de trasladar a los precios ese aumento y con un nivel superior de precios fijado por los productos importados.

Esa deuda es una masa de capital líquido que se valoriza en el mercado interno debido a las notables diferencias que había entre la tasa de interés interna y externa, que genera la renta que se remite al exterior. Por eso, la contracara del endeudamiento es la fuga de capitales. ¿De dónde sale el excedente para valorizar esos activos? El origen es la reducción que impone Martínez de Hoz del salario real de los trabajadores en el orden de entre el 30 y 40 por ciento, que implica una caída de la participación de los mismos en el ingreso nacional de aproximadamente 18 por ciento. Esto establece un nuevo punto de partida respecto de cómo se reparten los excedentes en nuestro país. La impresionante transferencia a favor del capital que se reproduce todos los años se convierte en la esencia de las pugnas entre las diferentes fracciones del capital por apoderarse de ese excedente que perdieron los trabajadores, excediendo la etapa de la dictadura. En términos históricos, el endeudamiento se perfecciona con distintos instrumentos (particularmente los seguros de cambio) que se implementaron desde 1981 tendientes a clausurar la etapa del endeudamiento privado e iniciar otra caracterizada por la estatización de la misma.

La reforma financiera, en junio de 1977, fue el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones. Se libera la tasa de interés y a quienes se presta o no. Resulta central para el modelo de acumulación financiera que la propia necesidad de financiamiento del Estado debe resolverse en el mercado privado de capitales (no ya a través del BCRA). Por ser el mayor tomador de crédito, el mismo Estado garantiza la rigidez de la tasa de interés a la baja, facilita el diferencial entre las tasas internas e internacional. A pesar de la ley, la “ruptura” con el modelo de sustitución de importaciones se produce en la práctica con la aplicación del Enfoque Monetario de Balanza de Pagos. Este significa un tipo de cambio decreciente prenunciado (“tablita”) con el objetivo de lograr una gradual convergencia de precios. Dicha convergencia no se produjo, pero la “tablita” significó atraso cambiario. Esto, junto con la apertura de la economía al intercambio comercial y de capitales produce un claro diferencial entre la tasa de interés interna y el costo de endeudarse en el exterior, que consolida el modelo de acumulación financiera.

Si bien tuvo asimetrías, la reducción de aranceles atravesó toda la política de la dictadura. En la etapa de sustitución de importaciones, los aranceles operaban generando un margen de protección excedente que permitía fijar precios sin restricción externa, dándoles el poder a las empresas y los asalariados de definir el nivel de salario (margen definido por la relación tipo de cambio/salario).

Lógicamente, fue necesario un nuevo rol del Estado: represivo, subsidiario, que expresó la revancha clasista del capital al trabajo. La disminución de los salarios fue aplicable sólo mediante una terrible estrategia represiva de la clase trabajadora. La revancha clasista se refleja en la profundización de la regresividad impositiva y la disminución del gasto social juntamente con un aumento de las transferencias al capital. En el marco general, su funcionalidad en términos económicos ya no fue la de expandir el desarrollo económico e industrial sino la de garantizar el nuevo patrón de acumulación y su reproducción. El nuevo bloque dominante estuvo encabezado por la oligarquía diversificada, acompañada por la oligarquía agropecuaria pampeana y los acreedores externos (banca extranjera y OMC).

Dada la política económica planteada y su funcionamiento, pareciera que relativizar el rol de Martínez de Hoz resulta más cercano a subestimar el efecto de sus decisiones que sobreestimar su figura. La dictadura quiso un determinado país y generó para esto las relaciones de fuerza necesarias a través de la represión y la desigualdad. La dictadura tuvo una clara inclinación que en sólo siete años destruye el modelo económico anterior y posibilita la concreción de las etapas posteriores: la década “perdida” y la nueva década “infame” de los noventa. Tan es así que se observa una estrategia coherente en la Convertibilidad respecto del indicador del empleo industrial. Los datos del período 1991-2001 muestran que la ocupación cayó un 33 por ciento, mientras que en el período ’76-’83 cayó un 35, expresando una sorprendente y llamativa coincidencia, también medida en fuertes incrementos de productividad para ambos períodos. Las políticas económicas tuvieron un sesgo similar y de allí que sus resultados hayan sido semejantes no sólo en lo que hace a los ganadores y perdedores del ámbito sectorial, sino también en el plano agregado en lo relativo a las diferentes clases sociales y fracciones de clase

* Contador, estudiante de la Maestría Economía Política Flacso.

Secretario general de Segundo Centenario.