En términos económicos, la decisión de Estados Unidos de retirar a la Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias comerciales (SGP) implica que deberán pagarse aranceles adicionales por 18 millones de dólares al afectar exportaciones por más de 450 millones, principalmente de economías regionales. Parece un dato menor en un comercio bilateral que totaliza 18.000 millones de dólares, donde el SGP en los hechos constituye un sistema bastante complejo y burocrático que en el último año hizo a los exportadores argentinos utilizar apenas el 52 por ciento del cupo disponible. Lo urgente a atender del comercio bilateral pasa, en realidad, por el déficit que mantiene la Argentina y por las trabas a las importaciones que impone Estados Unidos.

El anuncio de la Casa Blanca refleja el fuerte lobby que realizan los fondos buitre contra la Argentina, agrupados en la American Task Force, el grupo de acción de los bonistas que no aceptaron el canje de deuda en 2005 y que también lo rechazaron en 2010. No es curioso que los países más agredidos por estos fondos y sometidos a la tutela del Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (Ciadi) sean aquellos considerados progresistas.

En el artículo “Extranjerización de la economía argentina” del libro Aportes de la Economía Política en el Bicentenario, Andrés Asiain y Agustín Crivelli comparan la cantidad de demandas en el Ciadi de países de América del Sur, y ubican al tope a la Argentina, con 49, seguidas bastante más atrás por Ecuador y Venezuela, ambas con 12 demandas. Así, los juicios de empresas contra Estados se multiplicaron durante la última década y se acentuaron aún más con la pérdida del peso político de instituciones financieras como el FMI, que por la política de desendeudamiento impulsada desde la región fue perdiendo peso en Latinoamérica.

La Argentina hoy enfrenta alrededor de 30 juicios, repartidos en el Ciadi, la Comisión de Naciones Unidas para las Leyes de Comercio (Unitral) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En conjunto, las demandas suman 16.000 millones de dólares, frente a los 50.000 millones registrados en 2003. Esa suma trepa a 200.000 millones de dólares si ampliamos el mapa de juicios a los más de 60 países de América latina, Asia y Africa que esperan sentencia en el Ciadi. Se trata de un mecanismo ampliamente cuestionado por no permitir la apelación a sus fallos, y en donde las empresas pueden demandar a los Estados y no al revés. Los montos a cobrar son resultado de la cantidad de Tratados de Protección de Inversión firmados por cada país en las últimas dos décadas, donde se pensaba que sometiéndose a estos tribunales se ganaría en “seguridad jurídica” para la llegada de inversiones a cada país. Según consignan las estadísticas del propio Banco Mundial, desde 1975 hasta el 2011 el Ciadi juzgó y resolvió 225 juicios contra 98 países: 81 de esos fallos fueron en contra de naciones de América latina y el Caribe.

Argentina adhiere al Ciadi desde 1994, pero algunos países se han alejado del tribunal, como Bolivia, Venezuela y Brasil, denunciando que el Banco Mundial, del cual depende el Ciadi, es muchas veces juez y parte en algunos juicios, en tanto otra de sus instituciones, la Corporación Financiera Internacional (CFI), es accionista minoritaria en empresas que han iniciado demandas. Por lo tanto, la maduración regional y el auspicioso cambio de época que se vive en muchos de los países de Latinoamérica exige ir gradualmente prescindiendo de las instituciones del neoliberalismo pensadas para defender los intereses del capital financiero y los buitres que actúan en su representación

* Clicet-Geenap. [email protected]