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Las teorías de federalismo fiscal señalan que en un país federal la nación nunca puede correrse de su rol en la distribución de la renta y las provincias tienen un papel complementario de aquélla. No obstante, como resultado de pujas distributivas y político-institucionales, desde mediados de los ‘70 y en los ‘90 la nación se corrió de su lugar en la equidad y las provincias pasaron a tener a su cargo gran parte de la política social con la descentralización, privatización y focalización de políticas distributivas básicas. Por aquella época, las provincias además de pasar a ser responsables por la salud y la educación, habían desarrollado planes sociales y programas alimentarios ante la crítica situación social presente y la insuficiencia de las acciones nacionales.

A partir de la recuperación del papel central de la nación como nivelador de inequidades en un país federal, esto se ha replanteado. La Asignación Universal por Hijo, la universalización de las jubilaciones, el programa Pro.Cre.Ar, entre otras medidas, expresan una fuerte inversión nacional y la apertura de prestaciones históricamente sectoriales y para unos pocos, con programas públicos más amplios y consistentes.

Actualmente las prioridades de agenda se han redefinido, constituyéndose así las políticas en un “blanco móvil” que transcienden la emergencia y orientan a ampliar y conquistar nuevos derechos. Demostración de ello son recientes estudios de PNUD y el Banco Mundial, los cuales remarcan la duplicación de la clase media en Argentina en la última década, liderando el ranking en América latina.

El papel de las provincias cambió desde 2003. No obstante, no se ha ahondado tanto sobre qué sucedió en ellas y aún está pendiente un debate a fondo en torno al rol de los diferentes niveles de gobierno para acompañar las transformaciones en curso.

Tres ejes ordenadores de prioridades en las provincias se destacan hoy en políticas sociales, relacionados con el rol de distribución secundaria y complementario al nacional, con el fin de consolidar un sistema social federal más amplio e incluyente.

Transferencias e impuestos

El planteo recurrente de la coparticipación limitado sólo a una demanda de más recursos debe situarse en el marco de un proyecto de país, así como la revisión del sistema impositivo haciendo más redistributivo su impacto. Aquí aparecen prioridades puntuales como la problemática de villas y asentamientos precarios, y sus vínculos con la planificación urbana, que afecta a los grandes aglomerados urbanos. La Nación está interviniendo con el programa Pro.Cre.Ar en facilitar el acceso a la vivienda sobre todo a la clase media, respondiendo así a una demanda de antaño, pero queda pendiente el núcleo duro de la pobreza que son las villas, para lo cual se requiere una fuerte inversión y la intervención articulada de los diversos niveles y áreas de gobierno, y la indispensable participación y apropiación comunitaria.

También hay que revisar y debatir la descentralización de la salud y educación en el contexto actual, ya no como fuera del proceso de retirada del Estado y privatización de mediados de los ‘70 y de los ‘90. Asimismo, hay que ampliar la cobertura y calidad de jardines de infantes, que es sumamente desigual según el nivel socioeconómico y adquiere gran importancia por sus repercusiones en el desarrollo infantil y en las condiciones laborales de las familias, en especial cuando las mujeres trabajan. También es crucial mejorar la calidad y terminalidad del secundario así como promover la doble escolaridad y repensar nuevas metodologías pedagógicas en los colegios, menos adultocéntricas. Una parte de esta problemática se aborda en el reciente programa de subsidios a jóvenes de 18 a 24 años, Progresar, lanzado por el gobierno nacional. Hoy hay múltiples infancias y adolescencias, y el aprendizaje es interactivo y no lineal.

Otra prioridad se vincula con la conformación de polos regionales en ciencia, tecnología e innovación que acompañen el proceso de industrialización. Asimismo el desarrollo de transferencias condicionadas a resultados en indicadores sanitarios como el Plan Nacer-Sumar aparecen como opciones auspiciosas a ampliar como mecanismos para mejorar y apuntalar capacidades en la provisión de servicios de salud a nivel subnacional.

Participación y distribución

El segundo eje ordenador de las prioridades de agenda en la política social subnacional se refiere a la “participación y distribución”. Este eje se complementa con el anterior vinculado con la “distribución realizada mediante transferencias e impuestos”, e implica ir más allá de la idea limitada a garantizar “pisos de protección social”. Interpela a repensar la territorialidad, solidaridad y participación en las políticas sociales, trascendiendo aspectos limitados a intermediarios o clientelismo que medidas como la Asignación Universal por Hijo han puesto en jaque, pero sin introducir mecanismos de participación, que requieren de un trabajo más local.

Se requiere crear áreas de prevención e intervención frente a desequilibrios ambientales, repensando ahí el rol de los comedores, organizaciones de base, colegios, parroquias, que sostuvieron los barrios en tiempos de crisis. También el desarrollo y la capacitación de promotores de salud para potenciar la prevención y el cuidado de la salud y aspectos ligadas a las adicciones, por sobre la alta complejidad. Otro ejemplo es complementar el voto a los 16 generando actividades de extensión y solidaridad comunitaria donde los chicos de los colegios participen de actividades cívicas que los estimulen, retroalimenten y fortalezcan lazos comunitarios, de aprender haciendo. Y el planteo va más allá, potenciando la organización y la representación de aquellos sectores que no siempre tienen “voz” en instancias de representación, por ejemplo, sindical.

Desarrollo de capacidades

En tercer lugar, y además de los ejes “distributivo de transferencias e impuestos” y el de “participación y distribución”, se encuentra el eje de “desarrollo de capacidades subnacionales”. Es indispensable modernizar y potenciar las capacidades de gestión de las administraciones públicas subnacionales. Desarrollar sistemas de información y monitoreo, de evaluación de políticas, de agilización en trámites, de regulación de servicios, entre otros, lejos de modelos impuestos, que tengan uso en la gestión diaria y en la calidad de servicios que se brinda a las comunidades.

Las políticas públicas constituyen un “blanco móvil”. No sólo cambian conforme se transforma la realidad sino que también expresan la historia, la disputa política y la concepción de justicia distributiva que cobra preeminencia e intenta modificarse en el marco de un proyecto político. En un país federal, la concepción de justicia distributiva que prima a nivel nacional enmarca y condiciona los desarrollos en las provincias, pero ésta no actúa sola, ni basta para promover el cambio. Se abren nuevos desafíos y prioridades para continuar realizando una distribución del poder real y modificar la (in) justicia distributiva, no sólo de ingreso, que aún persiste, profundizando el nuevo paradigma que desde inicios del siglo XXI se está conformando

* Directora ejecutiva del Cedep.