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Muchos analistas daban por descontado que ni bien comenzara el nuevo año –caída la cláusula RUFO–, el Gobierno negociaría con los buitres ofreciéndoles finalmente una mejor oferta que al resto de los bonistas que habían entrado al canje. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos dejó firme la sentencia tendenciosa del juez Griesa, muchos pensaron que se trataba de un jaque mate al gobierno argentino. Macri, en la tradición de Avellaneda, nos dejó otra frase para la historia: “Ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga”. Sin embargo, algunas cosas pasaron como para que ese derrotismo entreguista no prosperara. Por un lado, empezó a ser cada vez más evidente el alineamiento Griesa-Pollak-Singer, mostrando que el interés de éstos era consagrar el default argentino. Por otro lado, los medios opositores ya no podían ocultar la aprobación por parte de la población de la estrategia del gobierno argentino en defensa de los intereses nacionales. Pero el argumento que todos terminaron por admitir –incluso declarados opositores– fue el de la cláusula RUFO.

La RUFO había sido incluida en los contratos de reestructuración de deuda por Roberto Lavagna, como parte de un atractivo para que los bonistas entraran al canje de 2005. En esa oportunidad, fue concebida como un resguardo a los bonistas: en caso de existir en el futuro una mejor oferta, ellos también la recibirían. En el canje de 2010 fue incluida como habitual pieza normativa para el protocolo de reestructuraciones de deuda soberana que venía haciendo la Argentina. Pero en realidad, no existe un protocolo aceptado en el plano internacional. Recién ante el caso argentino la ONU comenzó a avanzar en una agenda sobre la materia.

A lo largo de su historia, la Argentina fue el conejillo de Indias en varios experimentos del liberalismo financiero. Después de la crisis de 2001-2002, la política se orientó a reducir los niveles de endeudamiento sacándose de encima al FMI, y logrando un acuerdo con los acreedores privados con una quita histórica del 75 por ciento. Cuando la crisis mundial puso en evidencia las inconsistencias del modelo liberal para la periferia europea, el caso argentino volvió a suscitar el interés mundial. El poder financiero no podía dejar pasar ese mal ejemplo que se contraponía a las recetas habituales de ajuste fiscal y refinanciamiento para el pago total de las deudas.

El sistema aún guardaba una carta para poner en duda ante el mundo la viabilidad de la reestructuración argentina. Los fondos buitre, comprando bonos de deuda impaga a precio vil, podían dejar pasar todos los canjes y guardarse un boleto para la batalla final, que se libraría en un nido amigo: el distrito sur de Nueva York. La interpretación inédita de la cláusula pari passu por parte del juez Griesa, el consiguiente guiño de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU., la animosidad del mediador Pollak, las gestiones de los buitres para cobrar los seguros contra default, y la incorporación de una buitre del TASK (grupo de tareas contra la Argentina) como asesora del gobierno norteamericano mostraron las verdaderas intenciones de un entramado financiero, judicial y político contra la Argentina.

Al desplegarse tales acontecimientos, la RUFO, que había nacido como salvaguarda para los bonistas reestructurados, pasó a funcionar como salvaguarda insospechada del gobierno argentino. Hasta entonces no había sido esgrimida en sede judicial (no aparece mencionada en los fallos). Los funcionarios argentinos se encargaron de difundir su vigencia. Cuando la oposición y sus analistas admitieron entender de qué se trataba la cláusula, sólo atinaron a posponer sus expectativas de arreglo con los buitres hasta enero. Decían “el Gobierno ya ganó”, en relación con que no había cedido a las presiones de los primeros días (cuando Macri corrió a decir su famosa frase). Pero ahora sí, habría una fecha cierta para pagar, y habría que hacerlo sin más dilaciones.

Pero parece que no entendieron del todo. Si bien la cláusula RUFO ya caducó en los contratos, aún hay riesgo de que si Argentina les hace una mejor oferta a los buitres, aparezca una demanda de un bonista invocando el derecho a la igualdad, la propiedad o algún otro valor del iluminismo para que un juez de EE.UU. le dé curso. No hay que hacer un casting muy arduo para encontrar los actores dispuestos a jugar este papel. Basta que un buitre tenga un bono reestructurado y que Griesa siga en este mundo para dar inicio a un efecto dominó de demandas contra la Argentina. Por eso el Gobierno impulsó y logró la sanción en el Congreso de la Ley de Pago Soberano, donde, además de nacionalizar el agente de pago, también estipula que no podrá ofrecerse una mejor oferta a los que no entraron a los canjes anteriores, o sea, una suerte de nacionalización de la RUFO.

Por otro lado, el Gobierno se hizo fuerte a nivel local por no pagarles a los buitres; y a nivel internacional ya está consiguiendo financiamiento alternativo. Por ello, podemos decir como en el tango: “La RUFO, se fue, pero aún nos guía”.

* Investigador del Cefid-Ar.