Cuando se analiza la estructura económica de un país se encuentra la coexistencia de diversos actores: en particular, el sector privado empresario. Asimismo, cuando se analizan los sectores se encuentra el mismo fenómeno: no existe una actividad donde inevitablemente las empresas deben tener una dimensión dada para funcionar. Tampoco existen países o economías que exijan un determinado nivel de actividad para que se conforme una empresa.

En Argentina, la iniciativa empresarial tomó auge a partir del proceso de industrialización nacional entre 1945 y 1975. Durante la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el país transitaba hacia el pleno desarrollo industrial. El Estado cumplía un rol activo, con expansión de actividades, administraba cuotas de importación, en un contexto de economía semicerrada. Asimismo, el Estado financiaba actividades a través del Banco de Industria y del Banco Central, promoviendo y apoyando nuevos emprendimientos.

A partir del gobierno democrático de 1983 y luego en la década del ’90 aumentaron las importaciones en bienes de capital y las exportaciones fueron de productos tradicionales agropecuarios y del sector automotor. A partir del gobierno de 2003, Argentina retomó el camino, que nunca debió abandonar: el del desarrollo industrial, dejando atrás el período neoliberal de sobreendeudamiento con desempleo y exclusión. Volvió un modelo de crecimiento económico orientado a la inclusión social. De ese modo, se empezaron a revertir las inviables políticas que, entre 1976 y hasta la finalización del régimen de Convertibilidad, destruyeron la industria nacional y provocaron un profundo deterioro económico y social.

El nuevo marco de política económica e industrial implementado cambió las reglas de juego, favoreciendo la formación de una sociedad más igualitaria y un desarrollo sustentable, a partir de poner el foco de la política productiva en la reconstrucción de la industria nacional.

El sendero de crecimiento sostenido generó además un fuerte proceso de inversión productiva, tanto pública como privada. Se crearon nuevas empresas y empleos. El camino de la reindustrialización se sustenta en una concepción amplia del desarrollo industrial, desde la cual se busca promover la agregación de valor y conocimiento en la cadena de producción, eliminando de este modo la falsa antinomia entre “campo” e “industria”, que desde esta perspectiva son eslabones de gran importancia en un proceso económico con inclusión social.

Cabe destacar la importancia de la construcción de entramados productivos sustentados por pequeñas, medianas y grandes empresas, basados en el proceso de alianzas y relaciones de fuerzas existentes en la generación de valor agregado en el ciclo productivo, reactivando el rol primordial que tienen en una economía emergente.

Por ello, el Estado se debe proponer llevar adelante políticas para seguir este proceso de crecimiento sostenido. Este escenario político-económico se muestra como altamente favorable para la continuidad del desarrollo nacional y regional con inclusión social.

* Mgter. Administración Pública (UnLaR), posgrado Gestión y Control de Políticas Públicas, Desarrollo Local y Economía Social.