En una reciente entrevista, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, manifestó su total adhesión a las banderas del justicialismo, que son un símbolo de la síntesis doctrinaria sobre las que, según su opinión, coincide la gran mayoría de los argentinos. Esta mención puede resultar una excelente oportunidad para recordar el significado de estos símbolos y considerar lo que implica levantar las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, en el hecho concreto de las políticas públicas.

Como señalaba el mismo presidente Perón en su discurso del 1º de mayo de 1974, la Argentina “ha de producir básicamente según las necesidades del pueblo y de la nación, y teniendo también en cuenta las necesidades de nuestros hermanos de Latinoamérica y del mundo en su conjunto. Y, a partir de un sistema económico que hoy produce según el beneficio, hemos de armonizar ambos elementos para preservar recursos, lograr una real justicia distributiva y mantener siempre viva la llama de la creatividad”.

Esta posición (que parece no tener explícita objeción de ningún sector político local) es, sin embargo, el trasfondo de las fuertes pujas por la distribución de la riqueza y por el poder sobre las decisiones políticas en tal sentido, o su contrario. Es aquí donde cada uno parece izar su propia insignia.

Adherir a las banderas del justicialismo significa organizar cabalmente la producción nacional para que esté en función de las necesidades de la población, antes que del interés privado de los más poderosos; significa distribuir equitativamente el ingreso y equiparar la participación del salario en la renta nacional; prioriza el interés nacional (y de los menos favorecidos) por sobre el lobby extranjero y los intereses foráneos; promueve la demanda interna (haciendo énfasis en las necesidades del conjunto), antes que en las ambiciones de unos pocos, entre otras cosas de tamaña importancia.

En esencia, esta concepción no supone que la búsqueda del beneficio personal redundará invariablemente en el bien de toda la sociedad, por lo que la economía debe orientarse a fines sociales y no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado en una comunidad y no a las apetencias personales. En consecuencia, la justicia social es más importante que los sentimientos, anhelos o las ideologías de los gobernantes, y la responsabilidad del Estado es lograr su materialización con hechos concretos y elevada eficiencia, que prioricen la voluntad popular por sobre los deseos e intenciones de otros intereses, sean locales o extranjeros.

Levantar las banderas del justicialismo no es adherir por conveniencia a ciertas consignas, es trabajar para que las personas se realicen en sociedad, armonizando los valores espirituales con los materiales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad; es hacer una ética de la responsabilidad social; es desenvolverse en plena libertad en un ámbito de una justicia social; que esté fundada en la ley del corazón y la solidaridad del pueblo, antes que en una ley fría y exterior; que tal solidaridad sea asumida por todos los argentinos, sobre la base de compartir los beneficios y los sacrificios equitativamente distribuidos; que comprenda a la Nación como unidad abierta generosamente con espíritu universalista, pero consciente de su propia identidad.

Estas banderas nos interpelan día a día, a todos por igual.

Una síntesis tan clara de la voluntad del pueblo argentino no puede dar lugar a dudas y ambigüedades. Podrá haber varios caminos para llegar a un mismo resultado, pero no pueden ser antagónicos cuando hay unidad de concepto acerca del objetivo superior al que una comunidad quiere proyectarse.

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