En el debate parlamentario sobre la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para arreglar con una parte de los denominado fondos buitre, funcionarios del gobierno, diputados, senadores y hasta gobernadores, han destacado la necesidad de lograr urgentemente un arreglo con los especuladores, a tal punto que han apoyado un acuerdo que, a criterio de algunos expertos, resulta altamente perjudicial para la Argentina, y cambia drásticamente la posición soberana que tenía el país respecto a las exigencias del juez municipal, Thomas Griesa. Más allá de la condescendencia del gobierno con esos especuladores, el apuro por lograr este acuerdo radica en la posibilidad de agilizar el proceso de endeudamiento externo para contar con los dólares que no ingresaron al Banco Central, como esperaba el ministro Alfonso Prat Gay gracias al “shock de confianza” producto de la llegada del nuevo gobierno.

El mecanismo de presión política prescindió de las delicadezas, puesto que el propio ministro llegó a decir que “los gobernadores saben que si no tenemos financiamiento, esas provincias son las que van a sufrir”. Si semejante apriete logra su cometido es probable que parte del apoyo legislativo a la propuesta de arreglo con los fondos buitre responda a la amenaza real de quedarse fuera del reparto de fondos, en un muestra más de los mecanismos que rigen en el federalismo fiscal argentino.

Resulta muy difícil encontrar en este arreglo alguna ventaja para la Argentina; en rigor, ningún argumento a favor puede sostenerse haciendo énfasis en el propio acuerdo. Todo pasa por la necesidad de emitir deuda externa, ya que de lo contrario, se presagia “ajuste o hiperinflación”. Pero, recurriendo al recurso de la duda, cabría preguntarse: ¿Qué pasa si Argentina no arregla con los fondos buitre? ¿Volver al endeudamiento externo es la única salida posible para el crecimiento y el desarrollo del país? En palabras del propio ministro pareciera que sí, ya que según ha declarado “el arreglo nos pone en la grilla de partida del crecimiento”. Sin embargo, resistiendo a la reedición del pensamiento único, hay por lo menos una alternativa posible que no significa el renunciamiento a la soberanía y la dignidad del pueblo, y tiene que ver con los recursos que genera el país pero que el gobierno nacional direcciona en beneficio de ciertos sectores de la economía.

Por ejemplo, con la quita de retenciones el gobierno le otorgó 60.000 millones de pesos adicionales al sector agropecuario y 3500 millones de pesos a las mineras. A su vez, el sector financiero está de festejos con la política monetaria del BCRA, lo que le ha permitido ampliar el spreed de tasas y obtener ganancias extraordinarias. Si de obtener recursos se trata, también se podría considerar la liberación de partidas que logró el gobierno por unos 10.000 millones de pesos anuales en sueldos por los despidos masivos, y más de 60.000 millones de ahorro con la quita de subsidios a las tarifas eléctricas en el 2016. Al considerar el volumen de las transferencias de recursos que se ha producido en sólo 100 días de gobierno, se observa que la economía argentina tiene capacidad de generar mucho más de los 10.000 millones de dólares que se pretende emitir en una primera etapa de deuda externa. El principal desafío es cómo se logra un nivel de ahorro interno suficiente para financiar el desarrollo, aplicando los recursos con un criterio de sustentabilidad y justicia distributiva. La posición del gobierno al respecto es clara: el clima de confianza que se está impulsando es, en realidad, la garantía que se les otorga a las corporaciones y empresas para que puedan apropiarse de las ganancias y traducirlas en moneda extranjera para ser fugadas cuando lo crean conveniente, tal como ocurrió en 2001.

Para el presidente Mauricio Macri, endeudarnos en el extranjero responde a que “necesitamos insertarnos nuevamente al mundo”, aunque se sabe que la experiencia argentina con este tipo de inserciones ha sido muy negativa. A principios de los años ‘90, gracias a las “relaciones carnales” con los Estados Unidos, el país ingresó al Plan Brady para retomar un sendero de endeudamiento que trajo como consecuencia pobreza, exclusión social y default

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