Los juicios colombinos fueron aquellos en los que Colón y sus descendientes disputaron con la Corona Española los derechos sobre Indias. Duraron cuatro siglos con sentencias contradictorias de distintos tribunales. El juicio NML Capital vs. República Argentina y los reclamos de holdouts tienen destino colombino por su irrazonabilidad. Producto de la malicia de los demandantes (comprar bonos defaulteados a precio vil y luego reclamar judicialmente su valor nominal) la errática regulación legal para estos casos (Estados Unidos abrogó la doctrina Champerty que prohibía estas maniobras) un juez de interpretaciones reñidas con principios generales del Derecho y la inexistencia de una legislación pública que imponga dar trámite unificado al reclamo de los acreedores dispersos.

Se ignora que una de las partes (Argentina) es un Estado soberano y se la equipara con un buitre domiciliado en las Islas Cayman como Singer. Argentina trató de poner razonabilidad obteniendo el año pasado la sanción por la Asamblea General de Naciones Unidas de los nueve principios básicos para reestructuración de deudas de Estados, donde se resguarda la Soberanía de cada país. Un marco indispensable para tratar con unicidad y seguridad jurídica las múltiples cuestiones que surgen de un proceso de reestructuración de deuda. Sin embargo, meses después Argentina se desdice y asume la negociación como si fuera un particular que se mueve en el Derecho Privado, cuando lo que se discute es una cuestión de Derecho Público por estar en juego el bienestar de la Nación. Y aun forzando la lógica privada, ni siquiera se tienen en cuenta principios comunes a legislaciones de Estados Unidos (Chapter 11) y Argentina (Ley de Concursos) para casos de insolvencia del deudor. En tales situaciones se establece que el proceso judicial es universal. Esto es que se registra a todos los acreedores y, si las dos terceras partes de estos aprueban la propuesta que hace el deudor, el acuerdo será obligatorio para todos. Sin esta universalidad el proceso sería interminable ya que aparecerían todo el tiempo acreedores reclamando lo que se les ocurra.

Del seguimiento del proceso surge que éste no se trató con carácter universal. De allí que un acuerdo con el 93 por ciento de los acreedores (superior a las dos terceras partes) luego fue bloqueado porque aparecieron una minoría del 0,5 por ciento de buitres queriendo cobrar sin quita por la vía judicial. Luego, para aportar al desorden, se suman los me too –“yo también” quiero cobrar a lo buitre”– y tenemos un estimativo que asciende a 7 por ciento de acreedores que no entraron al canje. Lo peor es que no se sabe bien cuantos acreedores hay ni en qué momento pueden aparecer. Hacia dentro de los buitres, los acuerdos no son iguales entre sí, ya que los de Singer tienen super privilegios. Cobran todo, con intereses y costas, y antes que nadie. Y hacia afuera de los buitres, queda el 93 por ciento de acreedores que entraron al canje en el 2005 y 2010 y, ahora en desventaja, ya están exigiendo pari passu (igualdad de todos los acreedores) para cobrar como Singer. Una anarquía.

Bajo la promesa de que no habrá nuevos problemas, la nueva deuda que se emite para pagarle a Singer incluye cláusula de acción colectiva, que significa que en caso de una nueva reestructuración (como la del 2005 o 2010) si el 75 por ciento de los acreedores está de acuerdo con la propuesta, la misma es obligatoria para todos. ¿Esto asegura acabar con la litigiosidad? No. El negocio de los buitres es forzar las reglas para ejercer la usura.

* Doctor en Derecho Público. Docente Universidad de Avellaneda. Coordinador Frente Profesionales Movimiento Evita.