En este mundo globalizado las medidas de política monetaria que implementan las bancas centrales de Estados Unidos (Fed) y de Europa (BCE) afectan inmediatamente a las economías de todo el planeta. Los flujos comerciales y financieros danzan al ritmo de las oscilaciones que experimentan monedas como el dólar y el euro cada que vez que la Fed o el BCE deciden tocar sus tasas de interés o modificar la cantidad de dinero por el motivo que sea. Los manuales de texto que se estudian en las universidades de economía enseñan que las autoridades monetarias controlan algunos agregados monetarios en circulación operando a través de las entidades financieras que se encuentran bajo su órbita. Sin embargo, la reciente crisis internacional cuestionó –entre otras cosas– los límites que debe alcanzar la intervención de las bancas centrales en situaciones de crisis. La debacle del 2008 llevó a que la Fed interviniera masivamente en los mercados financieros por volúmenes nunca antes vistos. Usualmente los detalles de este tipo de megaoperaciones de rescate permanecen en la penumbra tanto en lo que hace a la cuantificación de los costos como en la identificación de los beneficiarios.

Durante julio de este año el Congreso norteamericano logró promulgar la Ley de Reforma Financiera propuesta por Barack Obama que, entre otras cosas, buscaba mejorar la transparencia en el funcionamiento de la Fed, obligando a la autoridad monetaria a detallar el monto y destino de los créditos otorgados durante la reciente crisis financiera. El miércoles pasado la Fed publicó esta información en detalle, dejando en claro que los criterios utilizados para intervenir rompieron varios manuales de texto universitarios al distribuir fondos frescos no sólo a bancos comerciales, sino también a entidades financieras y a empresas que se encuentran fuera de su órbita de supervisión.

En 2008 la Fed ofreció líneas crediticias a bancos de inversión y a fondos comunes de inversión, que no eran regulados por esa institución sino por la Comisión Nacional de Valores. Con la caída de Lehman Brothers, y cuando las papas empezaron a quemar en serio, la Fed creó una línea crediticia para ayudar directamente a las empresas que tuvieran problemas para obtener préstamos a corto plazo, entre las que figuraron American Express, General Electric, Ford Motor, McDonald’s, Toyota y Harley-Davidson. Sin estos créditos muchas de estas compañías no hubieran sido capaces de pagar salarios ni atender pagos a proveedores, lo que seguramente hubiera provocado una reacción en cadena sobre la producción y el empleo mucho peor de la que efectivamente sucedió.

La ayuda financiera multimillonaria no se limitó al territorio ni a los residentes norteamericanos, extendiéndose a autoridades monetarias de países ubicados en distintas geografías entre los que puede mencionarse a las bancas centrales de Europa, Inglaterra, Australia, Corea del Sur o México. Un dato central a resaltar es el hecho de que la Fed no tuvo que asumir pérdidas por estas operaciones crediticias debido fundamentalmente al repunte que experimentaron tanto los mercados financieros como el nivel de actividad desde el año 2009.

Para horror de quienes consideran que las autoridades monetarias deben ser entes “autónomas” del proceso económico en su conjunto, el BCE también extendió este año las fronteras de su intervención en los mercados al salir a recomprar títulos de deuda de países en problemas que a priori no resultaban elegibles dentro de su menú de inversiones, lanzando planes de rescate multimillonarios con objetivos mucho más ambiciosos que simplemente afectar agregados monetarios. Sin dudas –y dado el impacto que las intervenciones de estos gigantes monetarios provocan– la obligación para las bancas centrales de informar con posterioridad y en detalle cada una de estas operaciones constituye una práctica necesaria para limitar posibles abusos

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