Shobha Srinivas era una hermosa mujer de 30 años, estaba casada y tenía dos hijos, Upender de 13 y Aravind de 10 años. Durante la noche del pasado 27 de octubre los vecinos escucharon sus gritos de angustia. Al día siguiente tomó la determinación, derramó dos litros de kerosene sobre su cuerpo para luego prenderse fuego encendiendo un fósforo. Su marido también murió al quedar preso de las llamas mientras intentaba salvarla. El hecho ocurrió en la provincia de Andhra Pradesh, la quinta más extensa de la India. Distintos testimonios sostienen que Shobha decidió terminar con su vida, desesperada por no poder pagar los intereses de un préstamo recibido. El monto del crédito era de sólo 265 dólares.

De acuerdo con la agencia gubernamental “Sociedad para la Eliminación de la Pobreza Rural de la India”, más de 70 personas se han suicidado en esa provincia entre marzo y noviembre del año pasado debido a los métodos coercitivos de recuperación de préstamos llevados a cabo por algunas instituciones dedicadas a las microfinanzas.

La operatoria de dar créditos por sumas muy pequeñas a gente pobre fue iniciada en la India hace décadas por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que en una primera instancia recibieron fondos públicos a los que luego se sumaron aportes de bancos privados. A partir de 2005 muchas de estas organizaciones se transformaron en empresas financieras con fines de lucro, consiguiendo fondos de bancos comerciales o de inversores privados. En la actualidad más de la mitad de las compañías que se dedican en India a dar microcréditos tienen fines de lucro y cerca de 26 millones de indios reciben este tipo de préstamos.

En respuesta a esta ola de suicidios, el gobierno de Andhra Pradesh emitió el pasado 15 de octubre una ordenanza que tiene como objetivo frenar las prácticas coercitivas llevadas a cabo por las empresas en la recuperación de préstamos, además de aportar transparencia en las tasas de interés. La norma prohíbe las visitas “personalizadas” a clientes morosos por parte de empleados de las entidades prestamistas y obliga a que cada nuevo crédito deba ser autorizado por las autoridades. Mientras que algunas de estas empresas consiguen fondos de bancos a una tasa promedio del 13 por ciento, el costo que les cargan a los préstamos puede superar el 35, llegando en algunos casos a tasas cercanas al 60 por ciento.

Nacidas para constituir un instrumento de inclusión social, algunas de estas instituciones han terminado replicando el comportamiento de los usureros tradicionales que en todas las geografías del planeta sacan provecho de aquellos que no pueden acceder al segmento formal del crédito, cobrando tasas exorbitantes, recurriendo a “métodos persuasivos” si el cliente enfrenta algún problema de iliquidez o de insolvencia. Es indudable que la operatoria de microcréditos constituye una herramienta formidable de desarrollo económico y social, pero –como todo producto financiero– debe ser apropiadamente regulada para evitar abusos.

Estos desvíos han generado la indignación de Mohamed Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz por su labor pionera en ayudar financieramente a los más débiles. Yunus descubrió hace más de tres décadas que podía prestarles fondos a mujeres pobres, la mayoría de las cuales no sólo devolvían el monto del préstamo sino que gracias a él podían iniciar una actividad que les permitía mantenerse. Desde 1976 las organizaciones creadas por Yunus han dado préstamos por casi 10.000 millones de dólares a más de ocho millones de personas, de las cuales el 97 por ciento son mujeres. El economista indio asegura no estar en contra de que las empresas busquen beneficios dentro de ciertos límites, pero sí repudia la utilización de determinadas prácticas abusivas que pueden terminar pervirtiendo el objetivo principal del microfinanciamiento: ayudar a los que más lo necesitan

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