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El año pasado Michael Douglas volvió a interpretar al inescrupuloso financista Gordon Gekko en la segunda parte de Wall Street, film dirigido por Oliver Stone. Promediando la película una señora le pregunta a Gekko qué significa el concepto de riesgo moral (moral hazard), tan repetido en el ámbito de las finanzas. Douglas, mirándola fijamente a los ojos y con una sonrisa socarrona entre labios, le responde que “riesgo moral es cuando alguien usa tu dinero sin hacerse responsable de lo que hace con él”. En el mundo financiero el concepto puede referirse a los elevados riesgos que están dispuestos a asumir entidades financieras especulando con que el Estado (o mejor dicho los contribuyentes) las va a “rescatar” con fondos públicos si algo sale mal.

El “riesgo moral” adquiere especial relevancia cuando se aplica a decisiones de bancos de gran tamaño dado su dimensión y sus interconexiones con el resto del sistema financiero. Si estas inversiones de elevado riesgo resultan exitosas, la entidad financiera tendrá mucho dinero adicional para repartir entre sus ejecutivos y accionistas, pero si –por esas jugadas del destino– las inversiones resultaran ruinosas los bancos siempre podrán acudir al Estado para que los “rescate”, amparándose en que dicha ayuda evitará males mayores para la sociedad en su conjunto.

Quienes abogan por este tipo de intervención estatal sostienen que el gran error de política económica que aceleró la crisis financiera internacional del 2008 fue cometido por el Tesoro y el Banco Central de los Estados Unidos en septiembre de ese año, cuando decidieron dejar caer al banco de inversión Lehman Brothers, que enfrentaba serias dificultades. El terrible impacto de esa caída en todos los mercados financieros del planeta hizo que las autoridades modificaran los criterios de intervención constituyendo, con recursos públicos, programas de ayuda por cientos de miles de millones de dólares dirigidos a impedir futuras quiebras de entidades financieras. La iniciativa lanzada por las autoridades norteamericanas se llamó “TARP”, cuyas siglas en inglés se pueden traducir como “Programa de Alivio de Activos en Problemas”, alcanzando la cifra de 700.000 millones de dólares. Uno de los principales conglomerados financieros que recibió ayuda con esos fondos públicos fue el Citibank.

La semana pasada, el inspector general del TARP, Neil Barofsky, publicó un informe en el que reseña las conclusiones que sacó luego de analizar exclusivamente el salvataje del Citi por parte del Estado norteamericano. De acuerdo con el informe, pese a que el rescate por 45.000 millones de dólares al Citi permitió recuperar la confianza en los mercados financieros, la intervención del gobierno contribuyó a aumentar considerablemente el riesgo moral del sistema financiero. Si bien la ley de reforma financiera impulsada por Obama contempla esta problemática creando instituciones y mecanismos que pueden ayudar a “reestructurar ordenadamente” bancos en problemas, la misma encuentra límites en la medida que sólo puede aplicarse en el ámbito nacional, mientras que casi todas las instituciones financieras de gran tamaño son multinacionales con filiales a lo largo de todo el planeta, lo que dificulta el proceso de liquidación al verse involucradas en el mismo un sinnúmero de jurisdicciones diferentes.

Uno de los tramos más interesantes del informe de Barofsky es el que cuenta los criterios utilizados por las autoridades para rescatar al Citi. Para tranquilidad de aquellos ciudadanos que esperan que decisiones relacionadas con la utilización de fondos públicos por miles y miles de millones de dólares se tomen con todos los recaudos técnicos y estándares de transparencia mínimos, Barofsky relata –en un informe oficial– que la decisión de rescatar al Citi se basó “más en el instinto (gut instinct) y en el temor de los funcionarios ante consecuencias desconocidas que en la elaboración de análisis objetivos.”

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