Las crisis económicas y financieras lastiman a las sociedades en distintos planos. El comportamiento de las personas se ve modificado como producto de la pérdida de su fuente de trabajo, la reducción en sus ingresos o el tangible temor a sufrir estos dos males. Uno de los efectos más inmediatos y evidentes de una crisis es la reducción de la riqueza de las personas. La debacle del 2008 originada, entre otros factores, en una burbuja inmobiliaria no sólo redujo el valor de las propiedades sino también golpeó al resto de los activos, financieros y no financieros. De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de España, la riqueza financiera de las familias españolas se desbarrancó en el 2008 cerca de un 20 por ciento. Este mismo indicador volvió a caer durante el 2010 en un 0,8 por ciento, producto esta vez del impacto de la crisis iniciada en Grecia a comienzos del año pasado y de las dudas que ésta generó sobre la solvencia española.

De la información publicada por la autoridad monetaria se desprenden interesantes conclusiones que hacen tanto a la composición de los activos de los ciudadanos ibéricos como a la reacción que en ellos generó y genera la crisis. Una característica claramente diferenciadora de la experiencia española en relación al resto de Europa es la elevada proporción de su patrimonio que se encuentra invertida en bienes inmuebles. La combinación de las políticas financiera, tributaria y social de las últimas décadas llevadas adelante por el Estado español orientadas a promover el desarrollo del mercado inmobiliario explica la clara preferencia que los ciudadanos ibéricos han demostrado por los ladrillos.

El boom inmobiliario ha permitido que España alcanzara una cifra total de viviendas cercana a las 27 millones, con algo más de 17 millones de familias registradas. Del estudio de la riqueza total surge que de cada 100 euros de patrimonio familiar español, 76 euros corresponden a propiedades inmuebles y solamente 24 euros se distribuyen entre otros conceptos: casi 12 euros están colocados en efectivo y en depósitos; cerca de 7 euros en acciones y en participaciones de sociedades, y unos 4 euros en seguros. Al publicarse estas cifras, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, señaló que el modelo económico español exige que la vivienda pierda terreno frente a otras alternativas de ahorro e inversión, más líquidas y productivas, afirmando que “España necesita lograr que las familias crean que lo mejor para sus hijos no es dejarles un piso”.

Un factor clave para explicar la conducta financiera post crisis de los españoles lo brinda la elevada tasa de desempleo que trepó a más del 20 por ciento (una de los mas altas del mundo desarrollado), duplicando la media europea, afectando primordialmente a los jóvenes y a los trabajadores con contratos temporales. La incertidumbre emergente de esta situación ha reducido el ritmo de crecimiento en el consumo, redireccionando esa merma a un mayor ahorro orientado a los productos de inversión más conservadores. Comparando las estadísticas de 2002 y las de 2010, se observa que el capital destinado a la adquisición de acciones y participaciones en sociedades ha caído en favor de instrumentos bancarios que se caracterizan por una menor variabilidad. Mientras que en 2002, el importe en acciones bursátiles representaba un 7,27 por ciento del total de activos financieros, a fines de 2010 la cifra se reducía en casi un punto llegando al 5,95. Por el contrario, las cuentas bancarias que suponían un 42 por ciento del total de activos financieros en 2002 superan ahora el 48. Dentro de este rubro resulta llamativa también la cantidad de dinero (93.000 millones de euros) que los españoles mantienen en cuentas bancarias que les permiten retirar en forma inmediata y que no le reportan ningún interés. La precaución que evidencian los españoles respecto de sus inversiones constituye la contracara a las incertidumbres que genera actualmente la economía de ese país

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