La presbicia y el poderoso mundo financiero libran una batalla desigual desde tiempos inmemoriales. La presbicia es un defecto o imperfección de la vista que consiste en la disminución de la capacidad del enfoque del ojo. Los lentes de aumento han sido el arma más potente que ha logrado desarrollar la débil ciencia oftalmológica para enfrentar la intrincada letra chica de contratos financieros caracterizados por su complejidad. A los ciudadanos de a pie les resulta arduo comprender el alcance de cláusulas farragosas que detallan las condiciones de cada operación bancaria. Los abusos que han cometido instituciones financieras en las últimas décadas en desmedro de sus clientes han sido posibles por fallas en los mecanismos de supervisión. Los reguladores financieros se han desentendido, en muchas ocasiones, de la problemática de los consumidores alegando que su función central apunta a cuidar el riesgo sistémico, cayendo en las oficinas de defensa del consumidor la tarea de atender las quejas individuales de usuarios de estos servicios. Estos vacíos regulatorios han abierto la puerta a que organizaciones no gubernamentales ocuparan ese espacio de defensa de los consumidores financieros.

El mundo de las ONG se ha nutrido, como el resto de la sociedad, de diversos actores donde pueden encontrarse desde sacrificadas personas con fines altruistas, profesionales que toman el tema como un negocio más, hasta oportunistas y extorsionadores dispuestos a cualquier arreglo que privilegie el cobro de sus honorarios por encima del bienestar de sus clientes.

La fructífera y en ocasiones incestuosa relación entre la industria bancaria y la de seguros ha dado lugar a numerosos reclamos de estas instituciones no gubernamentales a lo largo del mundo.

La semana pasada el Alto Tribunal británico rechazó el recurso presentado por el sector bancario inglés contra la venta abusiva de una polémica póliza de seguro obligando a los bancos a devolverles a sus clientes miles de millones de libras. La demanda contra los bancos se originó en la venta de los llamados seguros de protección de pagos (PPI por sus siglas inglesas), que cubren todo tipo de créditos a individuos en el caso que éstos no puedan pagar su deuda por quedarse sin trabajo ya sea por enfermedad o por despido.

La demanda sostiene básicamente cuatro acusaciones contra la venta de estos seguros:

1) que el precio de las pólizas era muy elevado, llegando a representar el 20 por ciento (y en algunos casos trepando hasta el 50) del costo del préstamo adquirido;

2) que el producto estaba estructurado de forma tal que aquella persona que se enfermara o fuera despedida tuviera pocas chances reales de acceder al seguro;

3) que se vendía sin informarle apropiadamente su funcionamiento al cliente, y que en algunos casos se les cobraba a personas que por su condición laboral (estudiantes o autónomos) no podían alcanzar el beneficio de ninguna manera;

4) que en los casos de corresponder el pago, era necesario llevar adelante complejos e interminables trámites que producían importantes demoras en el cobro efectivo de las pólizas.

Más de un millón y medio de clientes afirman haber sido víctimas de esos abusos de la banca y piden ser compensados. La compensación media que han tenido que pagar hasta ahora los bancos ha sido de 2750 libras (4500 dólares). Distintos analistas han señalado que el costo para las entidades inglesas de abonar estas indemnizaciones podría ascender a unos 8000 millones de libras (13.100 millones de dólares). El defensor del Consumidor inglés recibe cada semana alrededor de 5000 nuevas demandas de compensación por este tipo de pólizas, de las que se han vendido más de 16 millones.

Cuando el tema escaló, la Autoridad de Servicios Financieros inglesa decidió ponerse los lentes y enfocarse en este problema modificando las reglas que gobiernan la venta de este seguro buscando una mayor transparencia y protección para los clientes bancarios

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