Jed Rakoff fue designado juez por Bill Clinton en 1995 en el distrito sur de Nueva York, donde se ubica el barrio financiero conocido como Wall Street. Su señoría, con 68 años cumplidos y una licenciatura en literatura inglesa obtenida al cumplir 21 años, ha vuelto a enfrentarse con el regulador de valores estadounidense (SEC) cuestionando la forma en que este organismo maneja casos en los que investiga fraudes financieros. El sistema legal de ese país faculta, desde 1972, al regulador a dar por concluida una investigación en curso contra una entidad financiera, en la medida en que ésta acepte pagar una multa.

El juez neoyorquino rechazó la semana pasada un acuerdo extrajudicial de estas características alcanzado por la SEC con el Citigroup por 258 millones de dólares, originado en una cuestionada operatoria con instrumentos hipotecarios. Con su fallo el juez busca terminar con este tipo de acuerdos en los que las instituciones financieras no admiten haber cometido delito alguno, aceptando sin embargo pagar multas por cientos de millones de dólares con la condición de que el regulador clausure la investigación en curso.

La investigación llevó a que la SEC acusara al Citigroup de vender obligaciones de deuda con garantías ligadas a hipotecas por 1000 millones de dólares en el 2007, cuando el mercado inmobiliario estaba comenzando a colapsar, sin informarles a sus inversores que por otro lado estaba apostando 500 millones en contra de esos mismos activos. El acuerdo rechazado por el juez habría requerido que el Citi renunciara a 160 millones de dólares de ganancias obtenidas de forma supuestamente incorrecta más una multa de 95 millones por la supuesta negligencia del banco. El año pasado, Goldman Sachs Group Inc. llegó a un acuerdo de este mismo tipo por 550 millones de dólares con la SEC en una investigación referida a operaciones con bonos respaldados por activos.

Rakoff señaló que la multa de 95 millones de dólares representaba para el Citigroup “dinero de bolsillo”, afirmando que el acuerdo aprobado por la SEC no era “razonable, ni justo, ni adecuado, ni a favor del interés público”. En respuesta, el director de la SEC, Robert Khuzami, declaró que el monto del acuerdo propuesto “refleja razonablemente el alcance de lo que se obtendría después de un juicio exitoso”, pero sin los “riesgos, retrasos y recursos que requiere un juicio”.

Los argumentos en contra de la sentencia de Rakoff tienen más que ver con cuestiones prácticas que con una sana administración de justicia. Quienes atacan la “ingenuidad” del fallo sostienen que los bancos nunca van a admitir que han cometido un fraude porque dicha admisión facilitaría el camino para que prosperen demandas civiles y criminales en su contra, además de la pérdida de posibles clientes por la publicidad negativa.

Un ex director de la SEC, Joseph Grundfest, ha argumentado en la misma dirección abordando pragmáticamente la cuestión al señalar que el organismo regulador se ve obligado a llegar a estos acuerdos producto de la falta de fondos con que cuenta para encarar costosos y complejos juicios contra bancos que cuentan con recursos cuantiosos, afirmando que tratar de avanzar en estas investigaciones equivale a “enviar tropas a una batalla sin armaduras para luego preguntarse por qué los soldados evitan la lucha cuerpo a cuerpo”.

La decisión del juez Rakoff ha reabierto un rico debate que no se limita a las bondades de los acuerdos extrajudiciales entre reguladores y entidades de gran tamaño, sino que se extiende al significado último de la palabra justicia. Rakoff ha señalado que en estos casos lo que corresponde es que los bancos demuestren su inocencia en sede judicial o admitan su culpabilidad. En su fallo el juez señaló que al interrumpirse la investigación producto del entendimiento extrajudicial se impide obtener evidencia sólida, lo que hace que el acuerdo alcanzado “no satisfaga principios legales ni morales”

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