En una nota publicada en el Cash del 16 de noviembre pasado (sobre las AFJP y la Anses) mencionaba que desde hace un tiempo se viene criticando el destino dado a “la plata de los jubilados” para fines supuestamente reprobables. Aquella zoncera, en apariencia inocente, dispara en realidad dos falacias.

Los fondos de la Anses no se conforman sólo con aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores, sino que una parte significativa proviene de ingresos tributarios (Impuesto a las Ganancias, IVA, parte de la masa coparticipable y otros como Bienes Personales, y los que gravan combustibles y cigarrillos), que sostienen el sistema. Esto se debe a que si no existiera este mecanismo el fondo sería deficitario, en gran medida debido a la importante cantidad de empleados no registrados que no realizan aportes.

Puesto en números, sólo el 51 por ciento de los recursos de la Anses tiene como origen el aporte previsional, mientras que alrededor del 49 por ciento surge de la recaudación impositiva antes mencionada (estos porcentajes varían de acuerdo con la evolución de la economía). Como se puede observar, el dinero del sistema de la seguridad social surge de toda la población, desde los más ricos hasta los más pobres, sean trabajadores o desocupados. Es decir, esos recursos son generados por empleados y empleadores pero también por toda la población, incluidos los desocupados (en este caso en su carácter de consumidores).

Por eso, hablar de “la plata de los jubilados” es una zoncera absoluta. Los fondos de la seguridad social son para los jubilados, no de ellos. Además, en el supuesto caso de que esos fondos no alcanzaran en determinado momento para hacer frente a los pagos previsionales, sería el Estado y no “los jubilados” el que debería hacerse cargo de ello. Si siguiera el régimen de las AFJP y éstas no pudieran hacer frente a los pagos porque sus fondos no alcanzaran, ¿quién terminaría haciéndolo? Obviamente que también el Estado. Por lo tanto, ni antes ni ahora la plata era “de los jubilados”.

De todo ello se desprende que los movimientos financieros de la Anses son un flujo que depende de una suma de factores: cantidad de empleos en blanco, relación de trabajadores activos con pasivos, cumplimiento de las empresas en el pago de los aportes y nivel de actividad económica, ya que ésta también determina la recaudación impositiva que ingresa al sistema previsional.

Luego surge la segunda parte de la zoncera, que consiste en sostener que “la plata de los jubilados se usa para cualquier cosa”, como inversiones financieras (algunas de ellas, al propio Estado), préstamos a empresas que están pasando por momentos apremiantes, para pagar la Asignación Universal por Hijo o comprar netbooks para el Plan Conectar Igualdad. Este último cuestionamiento ya fue aclarado infinidad de veces, pero vuelve cada tanto en boca de algún desinformado (o malintencionado): según el decreto 459/2010, las netbooks se financian con una partida del Presupuesto Nacional. Lo que hace la Anses es brindar su logística para la entrega.

Pero suponiendo que fuera quien las comprara, hay que entender que, como la mayoría de sus ingresos proviene de la recaudación impositiva, todo aquello que sirva para que crezca la actividad económica significará una mayor recaudación impositiva del Estado y, por lo tanto, de la Anses.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo, además de ser un instrumento formidable de redistribución del ingreso, es un poderoso dinamizador de la economía, ya que quienes la perciben, al ser de sectores de bajos ingresos, deben volcarla al consumo, que genera mayores ingresos impositivos (por lo tanto, también para la Anses) y aumentan la cantidad de puestos de trabajo que devienen en más aportes para la Anses. La misma explicación sirve para los (aislados) casos en que se conceden préstamos a empresas comprometidas financieramente. El objetivo es mantener los puestos de trabajo, que redundan en aportes. Además de que esos préstamos tienen un interés que, una vez cobrado, también aumentará los fondos del sistema.

Otra queja habitual está orientada a las inversiones. Quienes se oponen a que los fondos sean colocados buscando un rédito financiero, ¿pretenden que la plata quede en una caja fuerte o a lo sumo en una cuenta bancaria? ¿No entienden que los beneficios de las colocaciones servirán para capitalizar el fondo y hacer frente a los pagos? ¿Creen que las AFJP guardaban el dinero y no lo invertían? “Guardar los fondos” a secas equivale a que pierdan valor.

De todo esto se desprende que el mejor mecanismo de sustentabilidad del financiamiento de la seguridad social y “la plata de los jubilados” es lograr un nivel creciente de aportes previsionales y de la actividad económica, lo que supone que la rentabilidad financiera de los fondos es componente complementario, ya que lo fundamental es sostener y ampliar el consumo y el empleo, debido a que ambos conceptos retroalimentan la financiación de la Anses.

La segunda parte de este planteo es criticar que se le presta al propio Estado. Si bien no hay que ser ingenuos, ya que se sabe que en esto hay un fuerte contenido ideológico, consistente en “secar” todo lo posible al Estado para que sea chico y débil. Las preguntas que surgen son: ¿no recuerdan que las AFJP también invertían en el Estado? Y ahora que el sistema es estatal, ¿no es lógico que los costos financieros que el Estado debe afrontar vayan a beneficiar a otro organismo del propio Estado en lugar de una institución privada? O planteado de otro modo, pensemos en un empresario que además de su industria o comercio tiene un banco, ¿cuál es el lugar lógico en el que va a tomar sus préstamos o realizar sus colocaciones? Es tan obvio que será en su propio banco (si la legislación se lo permite) que violenta el sentido común cuando se le quiere negar esa posibilidad al Estado.

Aunque no se puede dejar de reconocer que todavía los montos jubilatorios no alcanzan el nivel que todos desearíamos, es indudable que con la vuelta al régimen estatal Argentina recuperó la sustentabilidad en su sistema, se consiguió aumentar los haberes tras varios años de estar congelados, se amplió la cantidad de beneficiarios (logrando la tasa de cobertura más alta de su historia), se obtuvo mayor eficiencia y control en la disponibilidad de los fondos y algo que posiblemente sea lo más importante de todo: volvió a primar el criterio de solidaridad, que nunca debió dejar de ser el eje del sistema.

* Docente UNLZ y UNQ.

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