Con el golpe de Estado cívico-militar de 1976 se instaló en Argentina un nuevo paradigma, que luego se llamaría Valorización Financiera y que no era otra cosa que reemplazar el proyecto industrializador vigente por otro basado en las recetas neoliberales, generando una de las reestructuraciones socioeconómicas más drásticas y significativas de nuestra historia. El objetivo de estos cambios fue generar una transformación de la estructura productiva.

La implementación del nuevo régimen de acumulación no se origina en el agotamiento de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, ya que durante la década anterior (1964-74) se produjo un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, registrándose una acentuada expansión industrial y habiéndose modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo. Ese cambio se origina en una nueva puja en el interior de los grupos de poder. Ya que las dictaduras anteriores fracasaron al intentar disciplinar a las clases populares, sumado a que en el mundo se establecía el predominio de la obtención de renta financiera, esta vez la estrategia elegida por la dictadura fue implantar un nuevo orden (neo)capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para así disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional mediante la desindustrialización, la concentración del ingreso y la represión.

Uno de los pilares de la Valorización Financiera fue la reforma de las entidades financieras (Ley 21.526) de 1977. La nueva ley generó un mercado libre del dinero, privó al Estado de mecanismos reguladores, las tasas de interés pasaron a definirse por el libre accionar del mercado, se intensificó una tendencia a la reducción de la cantidad de entidades y la extranjerización del negocio financiero derivando en un proceso de concentración y extranjerización del sistema financiero. A mediados de los años ’70 existían alrededor de 730 entidades financieras, hoy se estiman en alrededor de 85.

Esta concentración del sistema bancario ofrece para aquellas entidades que logren mantenerse una gran ventaja, en tanto que ahora gozan de un mayor poder de mercado, determinan los costos de financiamiento en que se endeudan las empresas y establecen (a mínimo) el rendimiento de los depósitos de los ahorristas, reducen el préstamo productivo y aumentan el préstamo de consumo, entre otras, sin contar los abusos y las presiones que puedan generar y los negocios ilegales que pudieran realizar.

Los bancos han dejado de ser un servicio de cara a la producción del país para transformarse en un negocio en sí mismo que busca incrementar su rentabilidad sin importarle las consecuencias que pudiese generar.

Es necesario que los bancos sean parte de las políticas de competitividad, rentabilidad y crecimiento de la economía en su conjunto, pero esto no sucede con todo el potencial que debería y en muchos casos existen abusos. Prueba de esto es el 33 por ciento que se cobra para créditos hipotecarios (sumado a que solo financian el 70 por ciento del inmueble), el 33,5 por ciento para créditos prendarios, 50 por ciento para préstamos personales, el 80 por ciento para tarjetas de crédito y el 100 por ciento para giros en descubiertos. Vale destacar además que los grandes préstamos para financiar a la industria están subsidiados por el Estado nacional o son realizados por los bancos de manera compulsiva (el BCRA obliga a las entidades financieras a que presten a empresas a tasas bajas el 6,5 de sus depósitos). Este sistema financiero volcado a los créditos de corto plazo y con altas tasas de interés se expresa en que, aproximadamente, el 50 por ciento de los préstamos que se otorgan se destina a empresas y el otro 50 a familias, y dentro de las familias el 40 se otorgan a tarjetas de crédito y préstamos personales y 5 a créditos hipotecarios.

La contracara de los préstamos que realizan las entidades financieras son los costos que asumen por ese dinero que prestan. Los bancos suelen captar dinero de los ahorristas y prestarlos a sus clientes, los captan en partes iguales de los plazos fijos (por los cuales pagan cerca del 23 por ciento anual) y de las cuentas corrientes y de cajas de ahorro (por las cuales pagan 0). Es decir, que el costo de tomar dinero para luego prestarlo es de 12 por ciento y lo prestan al 30, 50, 80 y hasta más del 100.

Este abuso de posición dominante tiene su correlato en los resultados financieros que presentan los bancos. Su rentabilidad, medida sobre el patrimonio neto o medida sobre los activos que poseen, se ubica como de las más altas a nivel mundial. La participación de las ganancias de los bancos como porcentaje del PBI se elevó de 0,33 por ciento en 2005 a 1,08 en 2013, representando un aumento del 221 por ciento. Luego de un período con altibajos fruto de los coletazos del corralito en donde acumularon pérdidas por 19.773 millones de pesos, según el BCRA desde 2005 hasta 2013 tuvieron ingresos por 61.323 millones. Sumando a los bancos públicos, el ingreso acumulado de todo el sistema bancario en los primeros ocho meses del año alcanza los 32.782 millones de pesos, unos 4344 millones más de lo obtenido en todo 2013.

La discusión que urge es qué sistema bancario queremos. Ante la multiplicidad de respuestas que tiene esta discusión, surge como cierta la necesidad de que las entidades financieras estén reguladas celosamente por el BCRA de manera que evite (o minimice) los abusos, la usura y la ilegalidad. Y así como son necesarios los bancos comerciales, son necesarios los bancos de inversión y los bancos de desarrollo/industriales.

Los bancos de desarrollo tienen por objeto obtener y canalizar los recursos de manera de poder implementar los proyectos que hagan al desarrollo industrial nacional ajustándose a las directivas, planes y programas del gobierno nacional en materia económica. Por lo tanto, promueven, participan y financian mediante operaciones a corto, mediano y largo plazo las inversiones que se realicen en obras de infraestructura, instalación y desarrollo de industrias de base y la instalación, fomento, equipamiento y modernización de empresas industriales de capital nacional. Pueden y deben financiar sectores que suelen quedar marginados del crédito, como son las pequeñas y medianas empresas, el sector rural, proyectos de medio ambiente y actividades de innovación tecnológica. De esta manera, el banco de desarrollo puede convertirse en un instrumento del cual se valen los Estados para guiar los procesos industrializadores. Las modificaciones de la Carta Orgánica del BCRA han servido para orientar y segmentar el crédito hacia la producción, el consumo y el ahorro en moneda nacional, sin embargo falta mucho por hacer. Para poder avanzar más en el sistema bancario argentino es necesario establecer una nueva Ley de Entidades Financieras que reemplace a la vetusta ley de la dictadura.

Las entidades financieras no sólo actúan como freno al proyecto industrialista sino que también se han convertido en un factor de poder que juega su propio partido. En el inicio del 132º período legislativo, Cristina Fernández de Kirchner dijo: “Este gobierno ha soportado 8 corridas bancarias, 70.700 millones de dólares se fueron en corridas bancarias”. También son una pata fundamental para la fuga de capitales al exterior, los cuales se calculan en 374.000 millones de dólares. Sumado a las recientes movidas para desestabilizar al Gobierno a través de operaciones cambiarias como el contado con liqui y el dólar Bolsa.

Es imperioso realizar un cambio estructural y profundo en el sistema bancario y financiero argentino.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).