La corrupción está instalada como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Esa legítima inquietud social es utilizada por los medios de información hegemónicos para empobrecer el debate político. El profesor Aldo Ferrer distingue entre corrupción circunstancial y sistémica. El tratamiento mediático se concentra en la primera (sobornos y/o negociados puntuales) e ignora la segunda. La corrupción sistémica “consiste, principalmente, en adoptar decisiones y políticas que generan rentas privadas espurias, no necesariamente ilegales ni directamente redituables para quien las adopta, que perjudican el interés público. En el caso argentino son ejemplos notorios de corrupción sistémica, la imposición de un tipo de cambio sobrevaluado y la desregulación de los movimientos de capitales que culminaron en el endeudamiento hasta el límite de la insolvencia, generaron una masa gigantesca de rentas especulativas y fuga de capitales y deterioraron el aparato productivo y la situación social”, explica Ferrer.

El tratamiento mediático actual de supuestos hechos de corrupción logra un doble efecto: 1) debilitamiento de la fuerza gobernante y 2) modificación del eje central de la discusión política. La divisoria de aguas entre “honestos” y “ladrones” invisibiliza los diferentes proyectos de país propuestos por cada fuerza política. La máxima exponente de ese pensamiento es Elisa Carrió. La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo hace tiempo que “no creo en las ideologías; es más, creo que han sido devastadoras para la humanidad. Como no tengo pensamiento ideológico creo que hay buena gente en todos lados, en la izquierda, en la derecha, en el centro”. Así, el debate político queda subsumido en uno de índole moral. Aunque resulta ocioso aclararlo, la honestidad dirigencial es un valor fuera de discusión. La represión de los delitos vinculados con la corrupción debe ser implacable. Sin embargo, esa cuestión es propia del derecho penal no del debate político.

El “honestismo”, utilizando la expresión del periodista Martín Caparrós, es una postura falaz por dos cuestiones básicas: 1) en cualquier fuerza política conviven dirigentes honestos y deshonestos y 2) la gestión de un partido de izquierda será diferente de uno de derecha, o por lo menos eso se supone, por más que ambos estén conducidos por “personas de bien”.

Bruno Bimbi sostuvo en El honestismo y los ladrones que “imaginemos a un funcionario honesto... ¿Alcanzaría su honestidad para hacer del país, la provincia o la ciudad donde ejerce su función un lugar mejor para vivir? Decir que sí sería como pensar que basta una buena ortografía para hacer literatura...el funcionario podría ser un empleado fiel del estatus quo, un cobarde incapaz de enfrentarse con inteligencia a los poderes fácticos en beneficio de las mayorías, un conservador oscurantista que ponga en peligro los derechos y libertades de las minorías, un administrador probo pero ineficiente, sin condiciones para manejar la economía, un autoritario mesiánico, un fanático del pensamiento neoliberal que nos abandone a nuestra suerte en la jungla capitalista y aniquile las defensas del Estado y sus funciones más elementales, un xenófobo, un racista...O nada de eso pero, simplemente, un tipo que defiende un proyecto de país con el que no estamos para nada de acuerdo, sin por ello dejar de ser, en el sentido más estricto del término, honesto”. En esa línea, el ex titular del INTI Enrique Martínez recordó como “el honestismo nos llevó a Domingo Cavallo como ministro de Economía propuesto por el Frepaso”.

Lo cierto es que las denuncias de corrupción fueron utilizadas demasiadas veces en la historia argentina como simples excusas para deslegitimar a gobiernos populares. La supuesta corrupción gubernamental fue uno de los principales argumentos utilizados para el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen. La campaña contra Yrigoyen recibió el entusiasta apoyo de los diarios La Nación y Crítica. Ese tipo de denuncias se multiplicarían durante los dos primeros gobiernos de Perón. La participación de Juan Duarte en el caso del mercado negro de la carne fue uno de los casos más resonantes. El golpe de Estado de la autodenominada “Revolución Libertadora” fue justificado debido a “la corrupción imperante en las esferas oficiales”. Más acá en el tiempo, el gobierno de Raúl Alfonsín sufrió distintas acusaciones (los pollos de Mazzorín, manejos de la Aduana, otorgamiento de préstamos a funcionarios en el Banco Hipotecario Nacional, manejos clientelares de las cajas del Plan Alimentario Nacional). En conclusión, el debate acerca de la corrupción es muy necesario pero debe transitar por carriles adecuados. “Es preciso ubicar la lucha contra la corrupción en el marco de estrategias de desarrollo que movilicen el potencial del país, defiendan los intereses nacionales y promuevan la equidad y el bienestar”, concluye Aldo Ferrer.

[email protected]

@diegorubinzal