La convocatoria a una nueva huelga general invita a repasar la evolución del mercado laboral en los últimos doce años. Las centrales sindicales opositoras ya organizaron cinco paros de actividades en menos de tres años.

El punto de partida es 2003, cuando el desempleo superaba el 20 por ciento de la población económicamente activa. En ese contexto, el discurso de asunción de Néstor Kirchner marcó un punto de inflexión en la agenda política. El contundente mensaje generó una mezcla de adhesiones y escepticismo. El flamante Presidente detalló una hoja de ruta de su gobierno. El 25 de mayo de 2003 Kirchner sostuvo que “el objetivo básico de la política económica será el de asegurar un crecimiento estable, que permita una expansión de la actividad y del empleo constante”. La frase remitía a la clásica consigna de Juan Domingo Perón: “Gobernar es crear trabajo”. El interrogante, instalado en buena parte de la opinión pública, era si la gestión presidencial estaría alineada al rumbo enunciado.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, recuerda que Néstor Kirchner le decía que “todo gobierno tiene que elegir con qué tensiones convivir y con qué tensiones no convivir. Hay una tensión que no quiero tener: la desocupación”.

Esa definición inicial conserva su vigencia. El kirchnerismo continúa privilegiando el apuntalamiento de la demanda (y, por ende, de la actividad y empleo), sobre ciertos “fantasmas” (por ejemplo, déficit fiscal, inflación) agitados por el establishment. La generación y cuidado del empleo fue uno de los principales objetivos de política económica. Al mismo tiempo, la política exterior también estuvo alineada con ese propósito. Por ejemplo, el rechazo del ALCA en la Cumbre de las Américas –celebrada en 2005 en Mar del Plata– no fue ajeno a esa estrategia. El lema del encuentro, a instancias del gobierno argentino, fue “crear trabajo para erradicar la pobreza y fortalecer la democracia”. La inclusión de esa problemática en la agenda de las cumbres internacionales constituyó una novedad. El “cambio de época” dejaba atrás una década caracterizada por pérdida de fuentes de trabajo y flexibilidad laboral.

La coordinación de diversos instrumentos de política interna (comercial, fiscal, monetaria, cambiaria, ingresos) posibilitó la recuperación de los niveles de actividad y empleo. La creación de millones de puestos de trabajo, acompañada por la sostenida recuperación salarial, incrementó la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso.

La política laboral incluyó un amplio abanico de herramientas que fueron readaptándose al cambiante contexto. Así, se fueron sucediendo: incrementos de salario mínimo y sumas fijas por decreto; derogación de la “Ley Banelco”; convocatoria anual al Consejo Nacional tripartito del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; impulso a las negociaciones paritarias; conformación de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario; fortalecimiento de la inspección del trabajo; implementación del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, entre otras cuestiones.

La ampliación de derechos laborales fue complementada con un conjunto de medidas (AUH, moratoria previsional, Progresar) que articularon una extensa red de contención social. A su vez, el Gobierno implementó el Programa de Recuperación Productiva (Repro) como respuesta al estallido de la crisis internacional. Esa herramienta colaboró en la manutención de los niveles de empleo y actividad. Por último, las normas laborales sancionadas en el período apuntaron a restaurar y/o crear derechos. El Nuevo Estatuto del Peón Rural o el Régimen de Trabajo en Casas Particulares constituyen ejemplos paradigmáticos de ese proceso.

El economista Rafael Selva sostiene en La centralidad del empleo como política de Estado que “el esquema actual de crecimiento centrado en el trabajo evidenció su éxito en términos de empleo elevado y sostenido en el tiempo, más inclusión y derechos sociales, a pesar del contexto de crisis internacional, incertidumbre y aumento de la desocupación en que se encuentra la economía global. En este modelo, el Estado no ha sido imparcial, sino que orientó su política económica y fomentó las bases para que, elevando el poder de negociación de los trabajadores y manejando el conflicto mediante concesiones diversas a las partes, el empleo aumente, a la par de las ganancias empresarias también en ascenso”.

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