Dom 20.09.2015
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ESCENARIO › LIBRE COMERCIO DEL TISA

El Frente Amplio dice no

› Por Diego Rubinzal

El asesor económico estrella del PRO repite como un mantra el recetario noventista. Carlos Melconian sostuvo que en un virtual gobierno macrista regiría el libre comercio. La crisis del 2001/2002 fue bastante ilustrativa de cómo termina el aperturismo irrestricto. Mientras, la postura librecambista acaba de sufrir una dura derrota en Uruguay. El plenario del Frente Amplio (FA) aprobó por amplia mayoría (117 a 22 votos) su oposición a participar del Tratado sobre Comercio de Servicios (TISA). El acuerdo es impulsado por Estados Unidos, desde 2002, para sortear el fracaso de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio.

En la actualidad, el TISA es negociado en secreto por alrededor de 50 países (Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile, Japón, México, Paraguay, Perú, Corea del Sur, la Unión Europea, entre otros). Por el contrario, la Argentina y los Brics (Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica) no participan de las deliberaciones.

El TISA promueve una amplia desregulación comercial del sector servicios (salud, agua, financieros, turísticos, telecomunicaciones, transporte). En esa línea, los borradores del acuerdo establecen igualdad de trato entre empresas locales y extranjeras y prohibición del uso de herramientas como el “compre nacional”, entre otras cuestiones. Los integrantes de Wikileaks lograron acceder a los borradores secretos del proyecto. “El instrumento pasaría por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones por razones culturales, sociales, ambientales o de desarrollo y establecería, en caso de que llegue a firmarse, la facultad de “tribunales ‘comerciales’ privados” de decidir la forma en que los países regulan actividades que son fundamentales para el bienestar social”, sostiene un trabajo publicado por la organización fundada por Julian Assange.

Analizando los documentos filtrados por Wikileaks, el periodista español Alejandro López de Miguel sostiene que “el TISA atará las manos de los Estados para impedirles regular el mercado de servicios” que “de ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la “transparencia”, según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa. Son los Estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas “sin retrasos innecesarios”, como reza el texto”.

La historia de la participación uruguaya en esas negociaciones se remonta al 23 de septiembre de 2013. Ese día, el presidente José “Pepe” Mujica dio a conocer la decisión de participar del TISA. El anuncio presidencial generó fuertes rechazos en el interior de la fuerza gobernante. Por su parte, los actuales titulares de las carteras de Economía y Finanzas y Cancillería (Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa, respectivamente) salieron a defenderlo.

La creciente oposición interna motivó la intervención del máximo órgano de conducción partidaria. Así, el Plenario del Frente Amplio decidió que es “inconveniente que Uruguay continúe en negociaciones para la firma del TISA”. El comunicado de prensa de la coalición gobernante señaló que “para el TISA, la función del Estado debe ser mínima y fundamentalmente de liberalización y desregulación de los servicios. Para el FA, el Estado debe cumplir una función de conducción del proceso económico, elaborando una estrategia de desarrollo con cambios en la estructura productiva, de orientación y de regulación del proceso económico”. La oposición ofreció su apoyo a Tabaré Vázquez para que Uruguay continúe negociando. Sin embargo, el presidente acató la decisión partidaria. Es la segunda vez que Tabaré enfrenta una rebelión interna. En su primer mandato, la militancia frenteamplista frenó la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

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