La derrota en la guerra de Malvinas aceleró la descomposición del régimen instaurado en 1976. El pueblo movilizado en las calles entonaba la consigna “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”. La atribución exclusiva de las responsabilidades a las Fuerzas Armadas invisibilizó la contribución civil al golpe de Estado. La caracterización de la etapa como “dictadura cívicomilitar” es más reciente. Los juicios de lesa humanidad recayeron fundamentalmente sobre integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Por el contrario, los actores económicos ligados a la represión ilegal quedaron fuera del radar de la justicia.

La impunidad fue la regla con algunas excepciones como, por ejemplo, el tardío procesamiento de titulares y directivos de empresas emblemáticas del norte argentino (Ingenio Ledesma, La Veloz del Norte). Luego, la Cámara Federal de Casación Penal dictó la “falta de mérito” del titular (Carlos Blaquier) y ex administrador (Alberto Lemos) del Ingenio Ledesma. Por otro lado, el avance fue nulo en materia de determinación de responsabilidades civiles (indemnizaciones, pedidos de disculpas públicas, actos reparatorios, etc). El libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, compilado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, aportó valiosos insumos valiosos para encarar un debate ausente en la agenda política.

Eduardo Basualdo explica en La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales que “es indudable que el objetivo estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país porque era un requisito central para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital, que casualmente por eso constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país”. En ese sentido, el salario real promedio se redujo más del 30 por ciento en la etapa 1976-1982 (en relación con los valores de 1974). La cúpula empresaria cosechó la siembra que había iniciado antes del derrocamiento de Isabelita. Por caso, el Grupo Azcuénaga fue uno de los ámbitos de reunión del círculo de poder económico que apoyó el golpe de estado. Las reuniones del think tank se realizaban en un inmueble propiedad de Carlos Blaquier.

La revisión de la responsabilidad empresaria, en esa etapa histórica, continúa siendo una asignatura pendiente. La novedad más reciente es la media sanción del proyecto de ley que propone la creación de una comisión investigadora de las complicidades empresariales en la etapa 1976-83. La iniciativa del diputado del FPV Héctor Recalde fue aprobada con 170 votos a favor, ninguno en contra y la abstención del bloque del PRO. El resultado de la votación legislativa fue rechazada por diversas instituciones empresarias: Unión Industrial Argentina (UIA), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

El comunicado dado a conocer por AEA sostiene que “cualquier investigación debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden. Todo ilícito que se cometa en cualquier ámbito debe ser penalizado mediante el debido proceso por el Poder Judicial”. Sin embargo, el proyecto de ley no avanza sobre facultades jurisdiccionales sino en la identificación de los actores económicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con el terrorismo de Estado. En otras palabras, la tarea de la comisión investigadora no sustituye la indelegable facultad y responsabilidad judicial sobre el tema.

“La evolución de la Justicia transicional en la Argentina ha llegado a un punto en el que es posible reconocer que la falta de consideración de los factores económicos que contribuyeron a mantener una dictadura crea un peligro cierto de ceguera histórica, que puede resultar en una amnesia que comprometa la promesa del nunca más. Tratar sólo los factores políticos de un período de represión, omitiendo la dimensión económica, alimenta el riesgo de que esos mismos factores económicos –porque no han recibido señal sancionatoria alguna proveniente del derecho, y muy en especial si resultó una actividad rentable– faciliten la nueva emergencia y el mantenimiento de un régimen similar en el futuro”, concluyen Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en “Terrorismo de Estado y economía: de Nuremberg a Buenos Aires” (libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura).

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