La aprobación en 2009 de la Ley de Democratización de la Representación, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley 26.571) implicó un salto de calidad institucional. Sin embargo, la mayoría de los bloques opositores votó en contra. La justificación del entonces jefe de la bancada de Diputados del radicalismo, Oscar Aguad, fue que ese proyecto “servía al partido de gobierno para dirimir sus problemas en una interna”. Las críticas iniciales se fueron diluyendo en el tiempo. En la actualidad, la mayoría de la dirigencia política reconoce que significó un avance sustantivo.

Los partidos políticos en condiciones de presentar candidaturas legislativas habían crecido de 308 en 1983 a 657 en 2009. La fragmentación del sistema partidario era un factor de confusión ciudadana. El nuevo marco legal “ordenó” la oferta electoral estableciendo: 1) mayores requisitos para obtener y conservar la personería jurídica partidaria; 2) convocatoria a Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la elección de candidatos; 3) superar el 1,5 por ciento de votos válidos para participar en la elección general; y 4) prohibición de listas espejo y candidaturas múltiples.

La regulación del régimen de publicidad audiovisual resultó otro aspecto destacado de la reforma política. La Ley definió criterios de distribución de los espacios de publicidad audiovisual para cada una de las categorías en juego. A su vez, la contratación privada de publicidad audiovisual fue prohibida. El reparto equitativo y proporcional de los minutos de publicidad niveló un poco las reglas de juego. Sin perjuicio de eso, la cuestión del financiamiento político continúa siendo un tema candente a partir del creciente costo de las campañas electorales.

El grado de dependencia económica de los partidos políticos adquiere rasgos notables en Estados Unidos. La serie House of Cards retrata con fidelidad el poder de los lobbies. Los dos candidatos presidenciales, Barack Obama y Mitt Romney, habrían gastado alrededor de mil millones de dólares cada uno en la campaña electoral pasada.

El “buitre” Paul Singer fue uno de los principales financistas del candidato republicano y aportó un millón de dólares para organizar la convención en Tampa (Florida) que oficializó la candidatura de Romney. El estrecho vínculo con los republicanos no le impidió a Singer contratar a reconocidos ex funcionarios demócratas para liderar el lobby contra la Argentina. Por su parte, el magnate Donald Trump reconoció que siempre aportaba fuertes sumas de dinero a los distintos candidatos. El actual precandidato presidencial el Partido Republicano agregaba que “si dos o tres años más tarde necesito algo, los llamo y ellos están ahí para mí”.

El poder del dinero se multiplicó luego de un fallo emitido por la Corte Suprema norteamericana en 2010, al eliminar la mayoría de las limitaciones que existía para las donaciones individuales y societarias. “Desde entonces, las grandes fortunas privadas exhiben sin pudor sus favores. Para explicar la cantidad sin precedentes de candidatos republicanos a la Casa Blanca (17),”The New York Times señala que prácticamente cada uno de ellos puede contar con “el apoyo de un multimillonario, lo que significa que su campaña ya no tiene más relación real con su capacidad para recaudar fondos dirigiéndose a los electores”, sostiene Serge Hamili en “Las primarias de los multimillonarios”, publicado en Le Monde Diplomatique, edición 195, septiembre 2015.

Los famosos hermanos Charles y Davis Koch estiman que terminarán aportando alrededor de 900 millones de dólares a candidatos republicanos en las elecciones del año próximo. El principal socio de Paul Singer en el fondo NML Elliot, Sheldon Adelson, es uno de los mayores financistas de los candidatos legislativos y presidenciales republicanos. El multimillonario norteamericano es conocido como el Rey de Las Vegas porque su fortuna proviene del negocio del juego. “El que pone la plata, pone la música”, reza un viejo refrán mexicano

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