El combo de medidas implementadas por el macrismo (eliminación/reducción de retenciones, liberalización cambiaria y comercial, megadevaluación, quita de subsidios) afecta el bolsillo de las mayorías populares. La consecuencia inmediata es la transferencia de ingresos a sectores privilegiados que, dicho en términos económicos, tienen menor propensión marginal al consumo.

La disminución de la demanda impactará de manera negativa en la actividad económica y el empleo. El posible tránsito hacia un estadio más regresivo de distribución del ingreso dependerá, entre otras cuestiones, de la capacidad de respuesta de diferentes actores sociales. Por ejemplo, ¿los asalariados y jubilados aceptarán que sus haberes no pueden aumentar en términos reales? La “irreversibilidad” de ciertas conquistas sociales deberá pasar por la prueba de fuego de la historia.

El antropólogo Alejandro Grimson sostiene en “¿Batalla cultural?” que “las creencias sociales acerca del Estado, de la educación pública, de la inclusión y la desigualdad establecen límites para las políticas públicas. Por un lado, muchos avances pueden evaporarse porque no se asientan en cambios profundos en el sentido común. Los cambios económicos y políticos sólo pueden ser perdurables cuando se enraízan en profundas transformaciones culturales” (Le Monde Diplomatique Nº 198).

Por ahora, las últimas mediciones de Ibarómetro revelan un amplio apoyo a políticas impulsadas por el kirchnerismo (71,4 por ciento aprueba la activa intervención del Estado en la economía, 66,9 por ciento convalida la continuidad de los juicios de lesa humanidad). El macrismo supo sintonizar con ese clima ideológico ensayando un giro discursivo sobre diversos temas: Aerolíneas, YPF, Fútbol para Todos, políticas sociales.

Sin perjuicio de eso, el nuevo gobierno no abdicó de sus principios económicos ortodoxos. La devaluación y eliminación de retenciones anticipan negociaciones paritarias difíciles.

La capacidad/voluntad de reacción sindical será un dato clave de la etapa venidera. Lo cierto es que varios sindicatos apoyaron –explícita o implícitamente– a la alianza Cambiemos en las elecciones recientes. No sería la primera vez que algunos sindicatos avalen el rumbo neoliberal.

El antecedente más reciente fue lo ocurrido en los noventa. La CGT “oficial” apoyó el programa económico, la flexibilidad laboral y las privatizaciones a cambio de mantener porciones de poder (monopolio de la representación gremial, control de los fondos de obras sociales, participación como “empresarios” en algunas privatizaciones).

Lo ocurrido en el primer tramo del gobierno alfonsinista es tal vez menos recordado. El ministro de Economía, Bernardo Grinspun, impulsó un combo de medidas destinadas a incrementar el salario real. El economista Eduardo Basualdo apunta en Deuda externa y poder económico en la Argentina que el salario superó claramente en 1984 por única vez, entre 1976 y 2003, la variación de la productividad laboral. Sin embargo, la CGT reclamó un giro ortodoxo en materia económica.

La queja cegetista se plasmó en un documento –suscripto en conjunto con entidades empresarias agropecuarias, comerciales e industriales– titulado “Una propuesta de crecimiento en libertad y con justicia social”. El texto proponía contracción del gasto público, aliento de inversiones extranjeras directas y reducción del Estado empresario. A cambio del aval cegetista, los empresarios apoyaron que la administración de las obras sociales continúe bajo órbita sindical.

Mauricio Macri tomó nota de esas lecciones históricas. La decisión de otorgarle el manejo de la caja de las obras sociales (Superintendencia de Servicios de Salud) a un hombre de la CGT, intenta calmar el frente sindical.

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@diegorubinzal