La negativa oficial a reabrir la paritaria docente preanuncia un frente de conflicto para el resto del año. La cuestión salarial no es el único punto de discordia. Los sindicatos denuncian la discontinuidad de programas socioeducativos (Plan Fines, orquestas infantiles) e interrupción del Plan de Formación Docente. Por otra parte, la intención oficial de evaluar a estudiantes y docentes fue recibida con mucho recelo. La preocupación sindical está centrada en que la propuesta está planteada en clave empresarial. En ese sentido, el énfasis en los “resultados” y la “eficiencia” tiene similitudes con la experiencia chilena.

La dictadura militar trasandina reformuló de manera drástica el sistema educativo. Las escuelas públicas fueron transferidas a los municipios en 1981. “Las escuelas públicas continuaron recibiendo fondos del gobierno central, pero se comenzó a pagar a los municipios un subsidio (voucher) por cada estudiante matriculado en sus establecimientos. Las escuelas privadas (con o sin fines de lucro) que no cobraban mensualidades comenzaron a recibir el mismo subsidio por estudiante que las escuelas públicas”, explican los profesores Humberto Santos y Gregory Elacqua en Segregación socioeconómica escolar en Chile: elección de la escuela por lo padres y un análisis contrafactual teórico, publicado en Revista de la Cepal N° 119.

Los cambios trajeron aparejado un éxodo de las clases acomodadas de las escuelas públicas a las privadas subsidiadas. La intervención estatal se redujo a “subsidiar la demanda” y evaluar la calidad educativa. La evaluación cumplía dos objetivos: 1) estimular la competencia entre las escuelas y 2) proporcionar información acerca de la “calidad” de cada establecimiento. Según esa visión, la competencia elevaría la calidad del servicio educativo. Los “vouchers” habían sido una propuesta original de Milton Friedman para eliminar esa “isla de socialismo (refiriéndose al sistema educativo norteamericano) en el mar del libre mercado”.

Lo cierto es que la reforma pinochetista intensificó la segregación cultural, ampliando la brecha de calidad entre escuelas privadas y municipales. La herencia educativa pinochetista permanece intacta. Los gobiernos democráticos sólo realizaron pequeños retoques. Por ejemplo, la Concertación prohibió una serie de filtros previos (entrevistas a los padres, pruebas de admisión) efectuados por las escuelas privadas. La coalición gobernante también aumentó el monto de los vouchers entregados a los estudiantes de los hogares más vulnerables. Sin embargo, las “mejores” escuelas continuaron implementando sutiles barreras de entrada. La segregación socioeconómica resultante, además de injusta, conspira contra la calidad educativa global.

Los efectos adversos de la segregación escolar (rendimiento académico, embarazo adolescente, deserción, ambiente educativo, compromiso intelectual, motivación) son confirmados por diversos estudios internacionales.

Los defensores del modelo chileno desmienten que esa realidad sea consecuencia del sistema de “vouchers”. En el marco de esta visión, los sectores populares concurren a las devaluadas escuelas públicas porque les “queda más cerca”. El análisis de los datos georreferenciales de estudiantes y escuelas del Gran Santiago refuta ese argumento. “La segregación es mayor en las escuelas que en los barrios y sugiere que la interacción entre las preferencias de las familias y las barreras de entrada establecidas por las escuelas incrementan la segregación escolar por sobre el efecto de la segregación residencial. Este hallazgo contradice el argumento de que la concentración de estudiantes de un nivel socioeconómico similar es simplemente un reflejo de la segregación residencial que existe en Santiago”, concluyen Santos y Elacqua.

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@diegorubinzal