El fin de semana pasado, el diario La Nación publicó el siguiente titular: “Por el déficit, el BCRA transferirá al Gobierno 78.000 millones”. La nota detalla que “la entidad aprobó en su reunión de directorio transferirle al Tesoro prácticamente el total de las ganancias contables” obtenidas por el Banco Central, gracias a la valorización de sus reservas tras la devaluación de comienzos de 2014. Esas ganancias son calificadas como “ficticias”, señalándose que si se le descuentan los “activos en moneda extranjera algunos que son deuda del gobierno central”, el BCRA “tiene patrimonio neto negativo y, por ende, no debería distribuir utilidades”.

Es paradójico que quienes suelen analizar los balances del Central como si fuese un banco comercial, califiquen como “ficticias” las ganancias patrimoniales que le generó la suba del dólar. Esa fue la fuente principal de ganancias contables y suba de las acciones de los bancos comerciales, que se habían abarrotado de activos en dólares meses antes de la devaluación. Si no se cambia la vara y se considera al BCRA con un sentido de contabilidad comercial, la transferencia de esas utilidades al Gobierno es un acto legítimo por parte de una entidad que no necesita reinvertirlas. Quienes se oponen a que las utilidades del superavitario BCRA engorden los ingresos del Estado, deberían oponerse también a que los subsidios otorgados por el Estado a empresas públicas deficitarias se contabilicen por el lado de los gastos.

La desesperación ortodoxa ante la evidencia de que el BCRA es diferente a los bancos comerciales ya que puede refinanciar o cancelar sin riesgo de default sus deudas en pesos (Lebacs o Nobacs) y financiar indefinidamente al Gobierno evitando el ajuste del gasto, debería despertarles la conciencia de que son entidades cualitativamente diferentes. De esa manera, en lugar de realizar fantasiosas contabilidades para dar por “quebrado” a un banco que muestra superávit, deberían analizar si el nivel de gasto público que financia la entidad y la regulación de tasas y flujos monetarios que realiza, es acorde con la situación económica.

Al respecto, es paradójico que si en la misma nota se señala que la economía está “en recesión”, se abogue por un ajuste del gasto público (hecho que sucedería si se impide el financiamiento del gobierno por el BCRA) que obviamente profundizaría la supuesta baja de la actividad económica. Si el problema es la presión que pudiera ejercer sobre los precios o el dólar el “exceso de pesos”, habría que mencionar que tanto el Estado nacional como el BCRA han venido colocando bonos en el mercado. De esa manera, los pesos que se lanzan con una mano (gasto público financiado por el Banco Central), se recogen con la otra (colocación de bonos) generando, en lo que va del año, una expansión del dinero en circulación levemente por debajo del aumento de los precios (según estadísticas provinciales).

Sacándose las anteojeras ideológicas que culpabilizan de antemano a la emisión de la inflación, comprenderían que en una economía que atraviesa un proceso inflacionario, la cantidad de dinero en circulación debe acompañar el ritmo de actividad y de aumento de los precios, para evitar situación de iliquidez que resientan la actividad económica. Mientras tanto, las presiones sobre el dólar han sido mermadas con una combinación de mayores controles a las financieras que realizaban operaciones ilegales, suba de tasas y venta de dólar ahorro (financiado mediante créditos externos) que, si bien no son la solución estructural al problema de la restricción externa, generan una situación de calma coyuntural en el frente cambiario.

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