Hace unas semanas, los diarios anunciaban un “preacuerdo con bonistas italianos”. La negociación involucraba al 15 por ciento de los acreedores que no habían ingresado en los canjes 2005 y 2010 representados por un miembro de la denominada Task Force Argentina (TFA). El equipo de Prat-Gay habría obtenido una fuerte quita al comprometer el pago de 1350 millones de dólares, por una demanda presentada en el Ciadi que alcanzaba los 2500 millones entre capital, intereses y punitorios. De esta manera, se sentaba un precedente importante camino a superar definitivamente el default de la deuda de diciembre de 2001, para reinsertarnos nuevamente en los mercados financieros internacionales.

La deuda en cuestión tuvo origen en la reventa de bonos argentinos por parte de bancos radicados en Italia a sus ahorristas hacia fines de los noventa, presentándolos como una inversión rentable y segura. Tras la crisis de la convertibilidad, Argentina entró en cesación de pagos y algunos de esos ahorristas comenzaron litigios contra los bancos, obteniendo alguna sentencia favorable como una pareja de venecianos que recibieron del Deutsche Bank de Italia, unos 152.000 euros que habían invertido en “Tangobonds”.

En ese contexto la “Asociación de Bancos Italianos” organiza un grupo de tareas contra Argentina (TFA) que inicia una campaña de boicot a las reestructuraciones de 2005 y 2010, y que fuera conocido por colgar en su web un cronómetro tomando el tiempo hasta la detonación de la economía argentina por el supuesto default del 31 de julio de 2014 (el día que Griesa interrumpió el cobro de los bonistas que habían ingresado a los canjes). El representante de ese grupo de tareas es Nicolas Stock, quien propició la demanda en el Ciadi.

Al respecto, vale señalar que la incumbencia del Ciadi en este asunto es controversial, pues el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por Argentina e Italia en 1990, permite su intervención cuando se trata de “inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante... .... que favorezcan la prosperidad de las dos Partes”. Su aplicación a una tenencia financiera de bonos con legislación Nueva York es tan polémica que provocó la renuncia de uno de los árbitros designados por el Ciadi que la calificó de “ingeniería genética legal, que como toda ingeniería genética, tiene riesgos de producir monstruos” (Dissenting Opinion to Decision on Jurisdiction and Admissibility, Icsid Case No. ARB/07/5) y fue objetada por Argentina, representada por la Procuración del Tesoro de la Nación, dejando sentada la nulidad total del procedimiento arbitral.

En cuanto a la supuesta quita lograda por Argentina al pagar 1350 millones de dólares es sobre una cifra que aún no tenía sentencia en el Ciadi. Es sabido que en cualquier litigio la parte demandante hace una presentación de máxima, que es la que toma el equipo de Prat-Gay, para presentar su oferta como una quita. En realidad, se está ofreciendo pagar un 150 por ciento del valor nominal de los bonos, una cifra muy superior a la ofertada en los canje 2005 y 2010.

Un análisis de la consultora Económetrica indica que quienes entraron a esos canjes recién este año recuperan el 100 por ciento del capital, los bonistas italianos recibirán el 150. Un trato desigual que podría generar complicaciones legales a la Argentina en un futuro no muy lejano. No por nada, el jurista Eduardo Barcesat denominó a la oferta argentina a los bonistas italianos como una verdadera estafa judicial.

@AndresAsiain