El reciente foro empresarial realizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner es un intento más del gobierno nacional por crear las condiciones para la concreción de la prometida lluvia de inversiones. Se suma a una serie de gestiones en esa dirección como fueron la concurrencia de la dupla Macri-Massa al foro de Davos, el pedido de perdón de Alfonso Prat Gay al capital español y la visita del presidente Barack Obama a nuestro país. Pese a ello, las cifras del Indec marcaron una baja interanual de la inversión del 3,8 por ciento en el primer trimestre del año y los indicadores de las consultoras vaticinan una caída más pronunciada para los meses posteriores.

Intentando sembrar el optimismo, el Ministerio de Hacienda publicó en su página web un listado de anuncios de inversiones de empresas privadas. Suma 32.635 millones de dólares. Sin embargo, se trata sólo de promesas y, de concretarse, sus plazos de realización serían bastantes extensos. Por ejemplo, el principal proyecto correspondiente a una inversión minera en Salta por 3000 millones de dólares, prevé dos años para concretar el proceso de factibilidad de inversión por lo que, de no mediar inconvenientes, la construcción de la planta para la producción de los minerales recién comenzaría en 2018.

Ante la urgencia de mostrar resultados concretos en materia de inversiones, el equipo económico esta planeando una ley de “participación pública-privada” para inversiones estratégicas. El proyecto que se encuentra en comisiones en el Senado contiene una serie de concesiones a los inversores privados. Entre ellas se mencionan la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales en caso de conflicto, tener la facultad de detener la obra ante incumplimientos del Estado, realizar subcontrataciones, transferir el contrato a terceros una vez completado el 20 por ciento de la obra y se excusa de publicar en el Boletín Oficial el adjudicatario de la obra.

También se habla de una “garantía estatal de rentabilidad al inversor privado” que recuerda a la garantía estatal de rentabilidad del 7 por ciento para la construcción de diversas líneas de ferrocarriles que aplicara hace un siglo y medio Bartolomé Mitre. Si bien las obras se realizaron, las empresas incrementaban artificialmente los costos operativos para que la tasa de rentabilidad diera siempre cercana a cero. Por otro lado, inflaban los montos de capital para aumentar las transferencias del Estado que se calculaban sobre el 7 por ciento de los capitales supuestamente invertidos, según cita Scalabrini Ortiz en su célebre Historia de los ferrocarriles argentinos.

Más importante que los negociados, es que la traza de las líneas férreas del interior al puerto y su posterior gestión tarifaria, dejaron incomunicadas entre sí a los mercados regionales y bloquearon el desarrollo de sus muchas de sus producciones por el elevado costo del flete. Una lección de la historia que muestra la importancia de caracterizar que inversiones se consideran estratégicas en el marco de qué proyecto de país.

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