En una reciente entrevista, Miguel Bein analiza la actual coyuntura económica. Desde la perspectiva del ex-asesor de Daniel Scioli, la política económica del kirchnerismo privilegió “la expansión sobre la base del consumo” impulsado por “la distribución del ingreso, del salario”. Pero una vez que se chocó con la falta de dólares, el bombeo al consumo se traducía en inflación indicando que se debía “pasar del crecimiento basado en el consumo al desarrollo económico, no en contra del consumo, pero basado, sobre todo, en la inversión”. Al respecto, consideró que el actual “presidente es desarrollista” y que su gestión busca llevar “la tasa de inversión a PIB de 19 a 28 por ciento en los próximos ocho años”, más allá de ciertos desvíos “populistas” de corto plazo necesarios para ganar elecciones y sostenerse en el poder.

La interpretación de Bein peca de cierta inexactitud al señalar que la inflación fue una consecuencia del agotamiento del modelo empujado por la demanda, ya que la aceleración de los aumentos de precios se produjo entre 2006 y 2008 mientras que el límite externo al crecimiento se alcanzó en 2012. En realidad, el salto inflacionario se vinculó a los conflictos distributivos internos que provocó la suba abrupta del precio internacional de las materias primas, que derivó en una inercia inflacionaria que nos acompaña hasta el presente.

La incapacidad para domesticar la inflación junto a ciertos desajustes de la política cambiaria y financiera respecto a la evolución de los precios, fomentó la dolarización del excedente y contribuyó a la llegada del límite externo al crecimiento.

Por otro lado, Bein confunde la restricción de dólares al crecimiento con una restricción de ahorro interno. Si el problema hubiera sido un exceso de consumo sobre la oferta productiva, entonces la solución puede pasar por ralentizar el consumo mientras se estimula la inversión para incrementar la producción. Pero si el problema fue la falta de dólares, la solución es diferente y pasa por ralentizar el consumo de bienes intensivos en insumos importados, mientras se estimulan inversiones en sectores exportadores o que sustituyan importaciones.

Respecto al buscado salto inversor, no queda claro quién va a poner los 50 mil millones de dólares anuales que se precisan para llevar la inversión del 19 al 28 por ciento del PIB. Claramente, la actual política no busca estimular la inversión privada fomentando el consumo. Por otro lado, la ubicación geográfica de Argentina, no es muy alentadora para consolidar un modelo basado en la exportación, que atraviesa además por una coyuntura internacional poco propicia (crisis de Brasil, baja de las materias primas).

La perspectiva de que sea el Estado quien lleve a cabo esas inversiones choca con el espíritu liberal de la actual gestión. El intento de atraer la inversión extranjera tropieza con una política de apertura importadora muy lejana a las prácticas del desarrollismo cuya obsesión industrial (especialmente por la industria pesada) se ubica en las antípodas de la filosofía económica del actual presidente.

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