Por Claudio Uriarte

Lo que la Argentina necesita es un buen grupo terrorista –razonaba en estos días un avezado observador de la escena norteamericana–. Y si no existe, hay que inventarlo. Un buen grupo terrorista, con ramificaciones internacionales tenebrosas, de ser posible con planes en marcha, o ya ejecutados, para bombardear la embajada norteamericana. Ahí sí que la mafia de Paul O’Neill desaparecería del centro del proceso de decisión política, y Argentina recibiría la ayuda que necesita.”
Pero, ¿la recibiría? Considérese el caso de Pakistán, que no sólo alberga grupos terroristas temibles –como Jaish-i-Mohammed, señalado por el propio George W. Bush como uno de los integrantes del “eje del mal” en su discurso del Estado de la Unión– sino que un país cuya exportación más exitosa es, precisamente, antiterrorismo. El Estado paquistaní es una ambigua puerta giratoria entre un servicio de inteligencia que apaña a los terroristas islámicos y un Poder Ejecutivo cuya principal tarea diplomática es conseguir ayuda, militar o económica, a cambio de limitar los excesos de esos grupos. Pero ese arreglo cínico se trastrocó violentamente con los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos demandó del general Pervez Musharraf, gobernante militar de facto de Pakistán, un apoyo militar muy serio y peligroso en la guerra contra Afganistán. Musharraf, que ambiciona emular la longeva dictadura del general Zia-ul-Haq en los años ‘80 –apoyada en otra guerra de Afganistán- accedió, pero a un precio. Parte de éste era que Estados Unidos consideraría levantar tarifas o ampliar cuotas de importación para el segundo gran producto de exportación paquistaní: los textiles.
Pero cuando llegó el momento de la recompensa, a principios de marzo, nada ocurrió. Funcionarios paquistaníes de gira por Washington fueron recibidos con el balde de agua fría de que los beneficios del orden de los 1400 millones de dólares que esperaban obtener en ventajas para sus exportaciones, especialmente de pantalones de algodón, no iban a materializarse. Estados Unidos le contestó que lo máximo que podría ofrecer eran las llamadas swing-quotas, por las cuales Pakistán podría beneficiarse de cuotas norteamericanas que no han sido usadas, por un valor de 140 millones de dólares, en productos que Pakistán no fabrica, como guantes de lana. Todo esto a pesar de las fervorosas promesas de tiempo de guerra, en que la embajadora Wendy Chamberlin llegó a proclamar en una fábrica textil en Lahore que “lo patriótico que se puede hacer siendo norteamericano es comprar productos paquistaníes”.
El secreto del vuelco no está sólo en que la parte de Pakistán en la guerra ya había sido cumplida para marzo, sino en la influencia del lobby textil en Washington, una organización con poco dinero –en todo 1998 gastó sólo 1,4 millón de dólares en aportes políticos– pero que sabe dónde invertirlo, y que en este año de elecciones parlamentarias se propone sacar el máximo provecho de sus contactos, como C. Boyden Grey, abogado en jefe de la Casa Blanca de George W. Bush, el legendario senador Jesse Helms –que durante ocho años tiranizó el Comité de Relaciones Exteriores–, y el presidente del poderoso Comité de Apropiaciones, el senador Bill Thomas. En la guerra contra el terrorismo, el contribuyente oportuno tiene prioridad.