¿Por qué cree que un complejo de venta ilegal mayorista como el de La Salada puede funcionar sin problemas?
–La Salada tiene muchos cómplices en el sector público que la protegen, si no es impensable la existencia de un emprendimiento de esas características. Nosotros hemos hecho denuncias en la Dirección Impositiva de la provincia de Buenos Aires y nos dijeron que en el 2003 estuvieron una vez. Eso es lo mismo que nada, por eso denunciamos la situación. En el caso de los desarmaderos cuando la población dijo basta el poder político no tuvo más remedio que salir a combatir ese flagelo. Con la venta ilegal se necesita la misma voluntad política porque no alcanza con un fiscal inspirado.
Para el Gobierno puede resultar poco conveniente avanzar en un momento de crisis económica sobre ferias ilegales que generan miles de puestos de trabajo.
–Pero la gente que vive de las ferias está en negro, mal pagada, sin obra social ni ART. Además, nada justifica tolerar una actividad ilegal que le causa enormes perjuicios a las empresas que quieren cumplir con la ley y afecta la recaudación nacional, provincial y municipal.
¿Qué medidas deberían tomarse para revertir la situación?
–Lo que tenemos que lograr es que se tome la decisión política de enfrentar la actividad comercial ilegal para luego avanzar progresivamente. En todas las ciudades del mundo hay vendedores ambulantes, pero en muy pocas ciudades hay enormes mercados clandestinos que funcionan en horarios insólitos proveyendo productos falsificados o de contrabando a todo el país.