¿Qué criterio tendrá la Procuración para la contratación de expertos que la asesoren en estos juicios?

–Queremos que sea un estudio norteamericano con sede en Washington o europeo. Porque están en el mismo lugar donde se toman decisiones de trascendencia y donde viven y trabajan los árbitros y los expertos. Pueden tener información de quién es quién. Datos que no se obtienen desde Buenos Aires. Otro criterio es la calidad y cantidad de sus expertos en derecho arbitral y la capacidad tecnológica y de lobby.

¿Qué avances hubo hasta ahora?

–Se vieron seis o siete estudios. Hay pocos estudios con experiencia en Ciadi. Y los que saben han tomado posición contraria a la Argentina. Por ahora colabora con nosotros un estudio de Chicago con sede en Washington, llamado Mayer Brown, Rowe & Maw, que es manejado por un argentino. Los entrevistamos y examinamos. Además, la pertenencia al país le agrega un plus de energía y convicción a la hora de defender.

También hay argentinos que testificaron a favor de las privatizadas.

–Sí. Esos tienen el antiplús. Son cosas tristes y decepcionantes.

¿El Estado ya concretó alguna contratación?

–No. Por ahora el riesgo lo corre el estudio Mayer, que está trabajando para Argentina, en base a un valor estándar internacional. Sobre ese estándar exigimos que se hiciera una reducción de honorarios porque somos un Estado y eso le da mucho prestigio a cualquier estudio del mundo.

Pero ese estudio asesoró a bonistas en contra de Argentina.

–Mayer trató de llegar a un acuerdo representando a bonistas contra la Argentina.

Entonces los asesoró.

–No, porque estamos hablando de un arreglo. Finalmente, el canje de deuda fue un arreglo.

Y a nivel local, ¿cómo se da el asesoramiento?

–Hay varios especialistas: Gordillo, Comadira, Salomoni, que son expertos en derecho. Pero también hay expertos en diversos servicios públicos que estén en juicio.