El debate sobre la reforma previsional no sólo se centra en la opción entre el régimen de reparto, el de capitalización y sus distintas combinaciones posibles, sino que también incluye propuestas puntuales para mejorar el esquema vigente, en caso de que no se lleven adelante grandes transformaciones. A continuación se detallan tres propuestas:

Estatizar el cobro del seguro

La legislación actual establece que las AFJP tienen derecho al cobro de una comisión sobre los aportes para financiar la administración de las cuentas de capitalización y la cobertura del seguro de vida e invalidez. En la actualidad la comisión promedio que cobran es de 2,63 por ciento del salario y 1,47 por ciento lo destinan al seguro, para el cual la mayoría contrata a una compañía vinculada al grupo. Para mejorar la transparencia y la competitividad del sistema se propone separar de las comisiones el costo del seguro y sacarle el manejo del mismo a las AFJP para que se concentren en la administración de las cuentas. Una opción es que el Estado cobre ese dinero y luego contrate un seguro para todo el colectivo de afiliados sin discriminar por AFJP. De ese modo, se lograría reducir un costo que en los últimos tiempos ha venido creciendo y sirvió para justificar un aumento de las comisiones. Otra opción es que el Estado se quede con el aporte destinado al seguro y se haga cargo de las contingencias como lo hace con los afiliados al sistema de reparto. En ese caso también se supone que los costos serían menores por una cuestión de escala. La propuesta estaba incluida en el Libro Blanco y fue reflotada por la AFJP Nación en marzo de este año. El resto de las AFJP planteó la necesidad de separar de las comisiones el costo del seguro “a efectos de dejar claramente expresada la incidencia de cada uno de ellos en el costo final al afiliado”, pero proponen seguir cobrándolo.

Garantizar el financiamiento de la economía real

La propuesta busca obligar por ley a las AFJP a destinar un porcentaje de su cartera al financiamiento directo de actividades productivas, pues en la actualidad prácticamente no lo hacen. Los datos de octubre indican que de los 66.046 millones de pesos que componen la cartera de las administradoras, el 60,6 por ciento está invertido en títulos públicos nacionales y provinciales, el 20,2 por ciento en acciones locales y fondos comunes de inversión, el 8,8 por ciento acciones y títulos extranjeros, el 5,1 por ciento en plazos fijos y apenas el 2,6 por ciento se destina a financiar actividades productivas de manera directa a través de inversiones en cédulas hipotecarias, fondos de inversión directa, obligaciones negociables, fideicomisos estructurados y financieros. Las AFJP afirman que el dinero que invierten en la economía real es mayor porque, además de ese 2,6 por ciento, contabilizan como inversión productiva el dinero puesto en acciones locales y en fondos comunes de inversión. Así llegan al 22,8 por ciento, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos las acciones corresponden a grupostransnacionalizados con capacidad de endeudamiento en el exterior. La propuesta también estaba en el Libro Blanco y AFJP Nación avanzó en el diseño durante este año. Los borradores no recomiendan un porcentaje mínimo de inversión en actividades productivas porque eso dependerá de la estructura de garantías que se pueda ofrecer.

Cambios en el cobro de la comisión

La modificación del modo en que las AFJP cobran las comisiones es otra de las cuestiones que aparece dentro de las propuestas de reforma. En este tipo de sistemas, existe la posibilidad de cobrar la comisión sobre el aporte, el fondo y/o sobre la rentabilidad de las inversiones del fondo. En México, por ejemplo, las administradoras ofrecen las tres opciones. Sin embargo, en el país las AFJP cobran su comisión como un porcentaje del aporte (en la actualidad equivalen al 37,6 por ciento) asegurándose la ganancia más allá del resultado de su gestión. El Gobierno evalúo la posibilidad de que se pase a cobrar sobre el fondo y/o sobre la rentabilidad para que los resultados de la gestión financiera sean de interés no sólo del aportante sino también del administrador, pero para ello habría que diseñar un esquema de transición que evite la “doble imposición”, pues los afiliados ya pagaron la comisión sobre el saldo actual.