Cómo puede el Estado socorrer a Aerolíneas sin transformar a esta privatización en un simple contrato de gerenciamiento, tan ventajoso para los privados como incómodo par a las arcas estatales, a semejanza de lo que ocurre con los ferrocarriles? Es una pregunta ineludible sobre el supuesto de que, en las condiciones operativas actuales, esa asistencia llegaría de algún modo.

Claro que hay otro camino distinto al de la subvención para proveer ese eventual soporte. Como accionista, el Estado podría verse comprometido a hacer aportes de capital para no ver licuada su participación como ya ocurrió en la etapa post privatización. El camino más cercano, sin embargo, es el del subsidio.

Hoy el Estado auxilia a todas las líneas aéreas de cabotaje con un complemento, aunque sólo para cubrir algunos vuelos patagónicos que le interesa fomentar. Este apoyo es juzgado por las empresas excesivamente limitado. Según un modelo acaba de presentarle al Gobierno la cámara que aglutina a las empresas que hacen vuelos domésticos, con la estructura de costos y de tarifas actual cubrir una ruta de 1000 kilómetros requiere un imposible coeficiente de ocupación del 112 por ciento en cada vuelo.

La posibilidad de subsidiar está habilitada por el propio Código Aeronáutico, que la prevé para vuelos “no rentables” y en el marco de una “sana explotación del servicio”, lo que supone que la ayuda fiscal no debería estar orientada a mantener ningún esquema de empresas privadas con riesgo nulo. En la década del Æ70 la legislación precisó el criterio para otorgar ese amparo, al definir la tarifa económicamente retributiva, dando por sobreentendido que cobrar menos hace a la aerolínea acreedora de una ayuda.

La salteña Andes tiene un subsidio del gobierno provincial al que se hace acreedora cuando cubre menos del 65 por ciento de las plazas. La santafesina Sol también recibe un complemento, en este caso, por el gasto en combustible. Menos claro y definido es el camino elegido por la Nación para orientar recursos públicos al sector. El Ministerio de Planificación no sólo aporta fondos para sostener las rutas en la Patagonia. La caja pública sigue costeando Lafsa, la estructura de la línea estatal que nunca voló, y hasta se asiste a otras privadas que están en la misma situación de parálisis operativa como Save Fly.